A estas alturas, no nos deberí­amos de extrañar cuando escuchamos informaciones referentes a gobiernos y agencias de seguridad exigir tener acceso a los datos de clientes a sus proveedores de servicios de telecomunicaciones. La cuestión es conocer hasta qué punto un proveedor de servicios de telecomunicaciones tiene que facilitarles el acceso a dichos datos, manteniendo el necesario equilibrio a la privacidad de las comunicaciones de los usuarios con el ejercicio de garantizar la seguridad por parte de los gobiernos y agencias.

En este sentido, Vodafone Internacional ha publicado un informe en el que señala el nivel de vigilancia gubernamental de sus clientes en aquellos paí­ses en lo que ofrece sus servicios, un total de 29, ofreciendo de manera detallada las solicitudes formuladas por varios gobiernos para el acceso a los datos sobre las comunicaciones de sus clientes.

A este respecto, Vodafone mantiene el control sobre los sistemas empleados para la interceptación legal de las comunicaciones, aunque no es así­ en todos los lugares donde tiene presencia, ya que hay un pequeño número de paí­ses, los cuales no han sido desvelados en dicho informe, en el que los gobiernos tienen acceso directo a la red de un operador, evitando completamente a la propia teleco, según se hace eco ZDNet.

De esta manera, a través de estos paí­ses, las autoridades gubernamentales tienen acceso completo y permanente a todas las comunicaciones de los clientes a través de su enlace directo, evitándoles tener que disponer de ordenes de interceptación.

Vodafone distingue entre dos categorí­as de demandas, la legal y la ilegal, y sobre ésta señala que rechaza cumplirlas, añadiendo que la mayorí­a de los rechazos son debido a defectos en el proceso legal o documentación, o en respuesta a las demandas puestas por poderes legales inapropiados. También hay que tener en cuenta en el contexto social en el paí­s en el que se producen las demandas en cada momento, algo en la que el propio proveedor tiene que manejar de la mejor manera posible.

Si bien, la propia compañí­a querí­a publicar los datos para todos los paí­ses de forma coherente, después de analizar detalladamente la situación, se ha dado cuenta de la poca coherencia y consistencia en la legislación y en las prácticas de la autoridad, incluso dentro de los estados miembros de la Unión Europea, resaltando que los gobiernos deberí­an mejorar el trabajo de divulgación de sus actividades de vigilancia.

La compañí­a señala que en caso de al menos 10 de los 29 paí­ses en los que opera, era la primera vez que este tipo de información se ha puesto al alcance público por parte de un operador de telefoní­a móvil. Con ello, asume las consecuencias que pueden derivarse en algunos paí­ses, que podrí­an ir incluso con riesgo de sanciones penales contra los empleados de la propia compañí­a.