Una madre de Hawái ha presentado una demanda colectiva contra OpenAI en la que acusa a la empresa de haber usado las conversaciones de menores con ChatGPT para entrenar sus modelos sin un consentimiento parental válido. La demanda se registró el 13 de octubre de 2026 en el Tribunal de Distrito del Norte de California (caso 3:26-cv-11781), según la demanda de 81 páginas publicada en CourtListener.
Hay un detalle que conviene aclarar desde el principio, porque es fácil confundirlo: la demanda no se apoya en COPPA, la ley federal estadounidense de privacidad infantil en internet. Su base es otra, más antigua y más original: el derecho de contratos de California. Y lo que pide no es una multa, sino una parte de la propia OpenAI.
Ninguna de las acusaciones está probada. A 13 de octubre no constaba juez asignado, no hay clase certificada y OpenAI todavía no ha contestado en el juzgado.
¿Qué dice exactamente la demanda?
Que un menor puede abrir una cuenta de ChatGPT dando su nombre, declarando tener al menos 13 años y pulsando «Continuar», y que OpenAI nunca contacta con los padres pese a que sus propios términos exigen permiso parental. A partir de ahí, según el texto, la empresa usa lo que los menores cuentan para entrenar sus modelos y construir perfiles.
Los demandantes son dos hermanos identificados como MC1 y MC2. Ella tiene 12 años y usa ChatGPT desde febrero de 2026; él tiene 16 y lo usa desde enero. Según recoge Courthouse News, la niña preguntó al chatbot por un grano, compartió selfis y le pidió que identificara sus «rasgos feos». El chico lo usaba para los deberes y para pedir consejo sobre su novia.
La demanda sostiene también que ChatGPT está diseñado para que los menores cuenten cada vez más: valida sus emociones, imita su forma de escribir y usa jerga y emojis. Cita en ese sentido la función de memoria, que OpenAI lanzó en abril de 2024.
La clase propuesta es enorme: todas las personas de Estados Unidos que aceptaron los términos de ChatGPT siendo menores de 18 años y le dieron al menos un token de datos desde noviembre de 2022. La demanda incluye a quienes mintieron sobre su edad al registrarse.
¿Por qué no es un caso de COPPA?
Porque COPPA protege a menores de 13 años y su norma depende de la Comisión Federal de Comercio (FTC), mientras que esta demanda abarca a todos los menores de 18 y la presentan particulares. Los abogados han elegido tres fundamentos distintos, todos de derecho californiano.
- Código Civil, artículo 1568.5. Una norma de una sola frase, vigente desde 2022, que dice que la afirmación de un menor de que sus padres han consentido no cuenta como consentimiento.
- Código de Familia, artículo 6701. Una regla que, según la demanda, existe desde 1874 y prohíbe a los menores firmar ciertos contratos. Si los términos de uso son nulos, también lo es la cláusula de arbitraje.
- Enriquecimiento injusto. OpenAI se habría beneficiado de algo que nunca tuvo derecho a tomar.
Mi lectura es que la elección es estratégica. Con COPPA, el techo serían los menores de 13 y la iniciativa estaría en manos del regulador. Con el derecho de contratos, el argumento se vuelve más simple: si un menor no puede firmar, no hay contrato, y sin contrato OpenAI no tenía permiso para quedarse con nada.
Una indemnización en acciones: la analogía de las uvas y el vino
La parte más llamativa es lo que se pide. Además de restitución y daños punitivos, la demanda reclama para los menores una participación en el capital de OpenAI, o su valor en efectivo, en proporción a los tokens que aportó cada uno.
Los abogados lo explican con una analogía que viene del derecho romano: si alguien roba uvas y hace vino, la víctima cobra por el vino, no por las uvas. El texto afirma que OpenAI vale más de un billón de dólares (unos 870.000 millones de euros) y que parte de ese valor procede de las confidencias de los menores. La demanda invoca los artículos 1031 a 1033 del Código Civil de California, sobre accesión, para justificar ese remedio.
El argumento más incómodo para la empresa no es moral, sino de diseño. Según la demanda, OpenAI no entrena por defecto con los datos de sus clientes empresariales y les desactiva la memoria, mientras que con los menores el entrenamiento y la memoria vienen activados por defecto. El texto cita a la investigadora de Stanford Jennifer King, que habla de un «sistema de dos niveles» en el que las empresas tienen más protección que el público.
La demanda tampoco da por buena la versión ChatGPT para adolescentes, lanzada el 18 de agosto de 2026. Sostiene que no exige consentimiento parental al registrarse, no cambia los términos y mantiene activados el entrenamiento y la memoria. Su principal novedad, vincular la cuenta de los padres para recibir alertas, la puede desactivar el propio adolescente.
¿Cómo encaja con el resto de frentes judiciales de OpenAI?
Es un frente nuevo, no el primero. En junio de 2026, Florida demandó a OpenAI y a Sam Altman por la seguridad de ChatGPT, con los menores en el centro, con acusaciones de prácticas comerciales engañosas y desleales, negligencia y responsabilidad por producto. La demanda de Hawái cambia el ángulo: no discute si ChatGPT es peligroso, sino si OpenAI tenía derecho a quedarse con los datos.
Entre los cuatro despachos demandantes están Yetter Coleman y EdTech Law Center. Paul Yetter lo resumió así ante Courthouse News: «Si un desconocido le hiciera esto a un niño, habría indignación». Los demandados incluyen a la OpenAI Foundation y a OpenAI Group PBC, la sociedad surgida de la reestructuración de octubre de 2025, un proceso que ya se intuía cuando Microsoft y OpenAI reconfiguraron su alianza con la vista puesta en salir a bolsa.
Courthouse News indicó que OpenAI no respondió a su petición de comentarios. Si la empresa sigue la línea que ha usado en otros casos, defenderá sus controles parentales y su experiencia específica para menores.
Mi postura: la petición de acciones tiene pocas papeletas de prosperar tal cual, pero la demanda no necesita ganar en eso para hacer daño. Basta con que un juez declare nulos los términos de uso para los menores, y con ellos el arbitraje, para que OpenAI tenga que defender cada caso en tribunales abiertos. El primer obstáculo será que se admita una clase nacional apoyada en leyes de un solo estado.
Lo que sí deja en evidencia es una contradicción difícil de explicar: si los datos de una empresa merecen salir del entrenamiento por defecto, cuesta justificar por qué los de un niño de 12 años no. Para las familias, la lección práctica no depende del juicio. Revisar la configuración de entrenamiento y memoria de la cuenta de un menor, y hablar con él de lo que comparte, sirve más que cualquier sentencia; también enseñarle a usar la IA para estudiar sin que estudie por él.