El Consejo de Supervisión de Meta publicó el 17 de septiembre dos resoluciones que ordenan a la empresa retirar vídeos de deepfake y que llaman su política de IA generativa «consistente y fundamentalmente inadecuada para abordar el rápido auge del contenido generado por IA». Meta tiene 60 días para responder y actuar sobre las nueve recomendaciones combinadas de las dos resoluciones.
Los dos casos son concretos, diferentes y juntos ilustran por qué el problema es sistémico.
El primero cubre a una concejala del Partido Laborista en Escocia. En noviembre de 2025, un usuario de Facebook publicó un álbum que incluía un vídeo deepfake de la concejala haciendo comentarios inflamatorios, sarcásticos y ofensivos sobre refugiados y agresión sexual que nunca pronunció. La concejala ha sido pública en su oposición a lo que considera desinformación racista usada para avivar el sentimiento antimigración. Ha reportado previamente amenazas e intimidaciones, incluyendo difamación generada por IA. Meta determinó que el contenido no violaba sus normas de conducta porque la política es que las figuras públicas adultas no están «automáticamente protegidas frente a imágenes manipuladas no deseadas.» El Consejo anuló esa decisión y ordenó la retirada.
El segundo cubre a una joven musulmana en Europa que participó en una campaña de educación sobre salud menstrual para mujeres y niñas de minorías étnicas. Vídeos e imágenes manipuladas con IA que la ridiculizaban —uno mostrándola haciendo ejercicios absurdos y comiendo comida basura— acumularon decenas de millones de visualizaciones en plataformas de Meta. Meta cerró automáticamente el primer reporte sobre ese vídeo y la apelación. Solo lo retiró después de que el Consejo interviniera. El Consejo determinó que el vídeo violaba la política de bullying y acoso de Meta.
¿Qué piden las nueve recomendaciones del Consejo?
Las recomendaciones abarcan cambios de política que Meta debería implementar en ambas categorías. Entre las más significativas: bajar el umbral para las etiquetas de «IA de Alto Riesgo» más allá de las crisis y las elecciones, añadir una pantalla de clic-para-ver en lugar de solo una etiqueta, degradar o desmonetizar el contenido marcado, penalizar las cuentas que lo recomparten de forma repetida, publicar datos anuales de etiquetado, y ampliar la definición de «imágenes manipuladas no deseadas» para cubrir deepfakes de personas privadas diciendo o haciendo cosas que nunca dijeron ni hicieron.
Hemos comprobado en wwwhatsnew.com que el AI Act europeo activó el 2 de agosto de 2026 la obligación de etiquetar el contenido generado por IA que intenta parecer auténtico, bajo pena de multas de hasta el 3% de la facturación global. El problema que documenta el caso de la concejala escocesa es el mismo que señala el AI Act: un vídeo deepfake de un político diciendo algo que nunca dijo, publicado sin etiqueta alguna, es exactamente el escenario de mayor riesgo político que el reglamento pretende abordar. Y en este caso, fue la política de la propia Meta la que decidió que no requería etiqueta.
La co-presidenta del Consejo de Supervisión, Pamela San Martin, lo resumió con una frase que condensa ambos casos: «Desde políticas hasta ciudadanas privadas, los deepfakes generados por IA se usan cada vez más para acosar y silenciar a las mujeres en el discurso público. Estos casos demuestran un patrón más amplio y preocupante en el que las mujeres que participan públicamente en cuestiones de actualidad sufren de forma desproporcionada acoso y desinformación.»
Meta tiene ahora 60 días para responder. No tiene obligación de implementar las recomendaciones, solo de explicar por qué acepta o rechaza cada una. Las guías de detección de deepfakes en 2026 que publicamos señalan que la velocidad de creación ha superado la velocidad de detección: crear un deepfake convincente ya está al alcance de cualquiera con un portátil y 15 minutos. Mientras la detección automatizada no avance a la misma velocidad, la línea de defensa tiene que ser la política de plataforma, que es exactamente lo que el Consejo está pidiendo que se refuerce.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil está esta misma semana intentando definir qué es un deepfake con cinco semanas para las elecciones de octubre de 2026, lo que muestra que el problema del Consejo de Supervisión con Meta es la versión de plataforma privada de un debate regulatorio que está ocurriendo simultáneamente en la mayoría de democracias del mundo. Lo que el Consejo puede hacer que los reguladores de Brasil o la UE no pueden: dar una instrucción directa a Meta mañana mismo. Lo que el Consejo no puede hacer que los reguladores sí pueden: hacer esa instrucción vinculante si Meta decide ignorarla. El Consejo de Supervisión fue creado por Meta en 2020 como respuesta a las críticas de que la empresa no actuaba suficientemente rápido para retirar desinformación y discurso de odio. Tiene 21 miembros: académicos de derecho, expertos en derechos humanos y periodistas. Sus resoluciones son vinculantes cuando ordena retirar contenido, pero sus recomendaciones de política son solo eso: recomendaciones. Meta tiene 60 días para responder y puede rechazar cada recomendación si explica por qué. En los dos años que lleva operando, el historial del Consejo muestra que Meta acepta la mayoría de las órdenes de retirada pero con mucha más selectividad las recomendaciones sistémicas. Las nueve recomendaciones de esta semana incluyen cambios estructurales que si Meta implementara limitarían su propio modelo de negocio en lo que respecta a cómo trata el contenido de IA generativa. La historia anterior sugiere que al menos algunas serán rechazadas con argumentos de libertad de expresión o complejidad técnica.
La diferencia entre los dos casos también ilumina un vacío de política real. En el caso de la concejala, Meta argumentó que la política de imágenes manipuladas no cubre a figuras públicas adultas. En el caso de la activista, Meta cerró automáticamente dos reportes antes de que llegara al Consejo. Los dos problemas son distintos: uno es una laguna de política sobre quién está protegido, el otro es un problema de moderación automatizada que cierra reportes válidos sin revisión humana. Las nueve recomendaciones del Consejo intentan corregir ambos con mecanismos distintos.