El Tribunal Superior Eleitoral de Brasil (TSE) está trabajando este martes en un problema que la mayoría de reguladores del mundo evitan porque no tienen respuesta: cuándo exactamente un avatar generado con inteligencia artificial que se identifica abiertamente como tal se convierte en desinformación electoral. Lo cuenta hoy Ana-Maria Stanciuc en The Next Web. El contexto de urgencia no puede ser más concreto: Brasil vota el 4 de octubre de 2026, con un censo de más de 150 millones de votantes elegibles, y las reglas que el TSE defina en los próximos días determinarán el marco legal de las últimas cinco semanas de campaña.
El caso que precipitó todo fue en julio. Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario y con prohibición expresa de comunicación pública, apareció en el acto de lanzamiento de campaña de su hijo como un avatar generado con IA que se presentó explícitamente como una simulación —no como el propio Bolsonaro. El equipo de Flávio Bolsonaro argumentó que un avatar que dice ser una IA no puede ser considerado un deepfake, cuya definición central es el engaño al espectador. La coalición de Lula peticionó al TSE argumentando que el contenido violaba de todas formas las normas sobre material sintético en campaña, independientemente de la etiqueta de disclosure.
¿En qué se diferencia este caso de todos los deepfake electorales anteriores?
En casi todo. Las regulaciones y las sanciones anteriores que hemos visto en el sector, desde la multa de un millón de dólares de la FCC a Lingo Telecom por las robocalls con voz de Biden en New Hampshire hasta la legislación de la UE, asumen que el deepfake es engañoso por definición y que la solución es la transparencia: si el contenido identifica su origen sintético, el daño se reduce. El avatar de Bolsonaro es exactamente un contenido que cumple con esa premisa de transparencia y aun así plantea un problema político y legal real: un político legalmente impedido de hablar alcanza a su audiencia como si estuviera hablando.
Las reglas propuestas van más lejos de lo que cualquier regulación electoral vigente contempla. El borrador incluye etiquetado obligatorio de material generado por IA, prohibición de sistemas algorítmicos que recomienden candidatos específicos, y un periodo de silencio previo y posterior al día de votación durante el cual no podría publicarse ni promoverse ningún contenido sintético político. Cada una de esas tres medidas tiene su propio problema de implementación.
El etiquetado es la más sencilla de definir pero la más difícil de hacer cumplir en entornos de mensajería privada. WhatsApp es el canal de comunicación política más usado en Brasil y la distribución de contenido viralizable ocurre en grupos privados que ningún regulador puede monitorizar en tiempo real. Un watermark en un vídeo político en Instagram no llega al mismo vídeo reenviado por WhatsApp sin metadatos. El régimen de transparencia que el AI Act europeo y las guías sobre cómo detectar deepfakes en 2026 recogen parte de supuestos de distribución pública que no se aplican a los canales privados.
¿Qué implica regular los algoritmos de recomendación?
La prohibición de sistemas que recomienden candidatos durante campaña es el elemento más innovador y potencialmente más disruptivo de la propuesta. En la práctica, significa que plataformas como TikTok, YouTube, Instagram y X tendrían que modificar sus algoritmos para no amplificar contenido político durante la campaña. Esto no es una prohibición de que ese contenido exista —es una restricción sobre cómo las plataformas lo distribuyen activamente. La diferencia es técnicamente y legalmente enorme, y la supervisión requireriría auditorías algorítmicas que las plataformas no han aceptado en ninguna jurisdicción hasta ahora.
Llevo cubriendo la intersección entre tecnología y democracia desde el ciclo electoral de 2012, y el caso brasileño es el primero en que veo a un regulador intentando simultáneamente definir deepfake, regular la transparencia de la IA, controlar los algoritmos de recomendación y establecer un periodo de silencio digital. La ambición es la correcta; la pregunta es si hay tiempo de articular cualquiera de esos elementos con un sistema de cumplimiento real antes del 4 de octubre. El TSE tiene hasta fin de semana para publicar sus resoluciones.
El presidente del TSE, Kássio Nunes Marques, ha sugerido que el contenido generado con IA puede ser permisible cuando no causa daño demostrable. El juez Alexandre de Moraes ha advertido que la misma tecnología podría violar las condiciones del arresto de Bolsonaro y contribuir a desinformación. Dos lecturas del mismo marco legal que, en términos prácticos, llevaron al tribunal a no tener una postura unificada antes del debate de hoy.
La etica de la IA aplicada a contextos políticos y electorales plantea dilemas que las reglas diseñadas para la desinformación analógica no anticiparon. El avatar de Bolsonaro no miente —dice ser artificial. Pero permite que quien no puede hablar en público hable en público. El derecho electoral no tenía categoría para eso. Cinco semanas para el voto. Que llegue a tiempo una respuesta jurídica suficientemente precisa para hacer algo con ella es, de por sí, un reto mayor que el tecnológico.
Lo que el caso brasileño tiene de singular frente a todas las regulaciones anteriores es que aquí el contenido no solo está siendo evaluado por lo que dice, sino por quién lo produce y bajo qué circunstancias legales. Un político al que la justicia ha prohibido hablar en público sigue siendo activo a través de su representación digital. Las leyes electorales existentes nunca contemplaron ese escenario porque nunca existió la tecnología para ejecutarlo con esta fidelidad. En wwwhatsnew.com llevamos cubriendo el impacto de la IA en los procesos electorales desde 2024, y cada ciclo electoral añade una capa de complejidad que el anterior no había anticipado. Brasil tiene exactamente cinco semanas para inventar jurisprudencia electoral en tiempo real a partir de hoy. Europa y Estados Unidos tendrán más tiempo de preparación —pero considerablemente menos excusa para no estar listos cuando les llegue su propio avatar electoral.