A estas alturas, no nos deberíamos de extrañar cuando escuchamos informaciones referentes a gobiernos y agencias de seguridad exigir tener acceso a los datos de clientes a sus proveedores de servicios de telecomunicaciones. La cuestión es conocer hasta qué punto un proveedor de servicios de telecomunicaciones tiene que facilitarles el acceso a dichos datos, manteniendo el necesario equilibrio a la privacidad de las comunicaciones de los usuarios con el ejercicio de garantizar la seguridad por parte de los gobiernos y agencias.
En este sentido, Vodafone Internacional ha publicado un informe en el que señala el nivel de vigilancia gubernamental de sus clientes en aquellos países en lo que ofrece sus servicios, un total de 29, ofreciendo de manera detallada las solicitudes formuladas por varios gobiernos para el acceso a los datos sobre las comunicaciones de sus clientes.
A este respecto, Vodafone mantiene el control sobre los sistemas empleados para la interceptación legal de las comunicaciones, aunque no es así en todos los lugares donde tiene presencia, ya que hay un pequeño número de países, los cuales no han sido desvelados en dicho informe, en el que los gobiernos tienen acceso directo a la red de un operador, evitando completamente a la propia teleco, según se hace eco ZDNet.
De esta manera, a través de estos países, las autoridades gubernamentales tienen acceso completo y permanente a todas las comunicaciones de los clientes a través de su enlace directo, evitándoles tener que disponer de ordenes de interceptación.
Vodafone distingue entre dos categorías de demandas, la legal y la ilegal, y sobre ésta señala que rechaza cumplirlas, añadiendo que la mayoría de los rechazos son debido a defectos en el proceso legal o documentación, o en respuesta a las demandas puestas por poderes legales inapropiados. También hay que tener en cuenta en el contexto social en el país en el que se producen las demandas en cada momento, algo en la que el propio proveedor tiene que manejar de la mejor manera posible.
Si bien, la propia compañía quería publicar los datos para todos los países de forma coherente, después de analizar detalladamente la situación, se ha dado cuenta de la poca coherencia y consistencia en la legislación y en las prácticas de la autoridad, incluso dentro de los estados miembros de la Unión Europea, resaltando que los gobiernos deberían mejorar el trabajo de divulgación de sus actividades de vigilancia.
La compañía señala que en caso de al menos 10 de los 29 países en los que opera, era la primera vez que este tipo de información se ha puesto al alcance público por parte de un operador de telefonía móvil. Con ello, asume las consecuencias que pueden derivarse en algunos países, que podrían ir incluso con riesgo de sanciones penales contra los empleados de la propia compañía.