Hay edificios que no se construyen para ser visitados, sino para que el resto del mundo funcione. Los centros de datos de hiperescala son así: naves gigantescas repletas de GPU y otros chips especializados, alineados como estanterías de un supermercado que, en lugar de latas, guardan potencia de cálculo. Dentro, miles de procesadores trabajan en paralelo para alimentar modelos de inteligencia artificial que consumen y producen texto, imágenes o código a una velocidad difícil de imaginar. Según describía Mat Honan en MIT Technology Review, una sola instalación puede ocupar millones de pies cuadrados, contener cientos de miles de chips de gama alta conectados por kilómetros de cableado y devorar enormes cantidades de electricidad para mantener esas máquinas en marcha sin pausa.
Es fácil caer en la fascinación: la escala, la precisión logística, la refrigeración que parece sacada de una central industrial. También es fácil olvidar que, para quien vive cerca, no es “la nube”, sino un vecino nuevo, enorme, y con necesidades muy terrenales: energía, agua, suelo y permisos.
Georgia: cuando el “venid, por favor” se convierte en “hasta aquí”
Uno de los ejemplos más claros del cambio de humor está en Georgia, un estado políticamente variado donde conviven grandes ciudades progresistas con zonas rurales y suburbanas conservadoras. Allí, la clase política quiso atraer centros de datos con incentivos fiscales: rebajas para equipos informáticos y sistemas de refrigeración, ventajas ligadas a creación de empleo y alivios en impuestos a la propiedad. La idea era la clásica receta de desarrollo económico: facilitar la llegada de inversión, infraestructuras y “trabajo de calidad”.
Lo que ocurrió después se parece a invitar a un conocido a quedarse “unos días” y que aparezca con la maleta, el perro y un camión de mudanza. El sector respondió con un boom comparable al de Virginia, otro epicentro estadounidense del ladrillo digital. El problema fue que el impacto local se hizo tangible, y rápido: subidas de tarifas eléctricas, presión sobre recursos y sensación de que las reglas estaban escritas para favorecer a empresas lejanas.
En Bolingbroke, una comunidad pequeña cerca de Atlanta, la historia tomó forma de reunión municipal multitudinaria. Según recogió The Telegraph de Macon, cientos de vecinos se presentaron para rechazar el cambio de uso de suelo que permitiría levantar un complejo en cientos de acres. La escena es casi siempre la misma: promesas de discreción visual, “altos estándares ambientales”, ingresos para el condado, prosperidad. Y, aun así, una oposición que suena a “no en mi patio trasero”, aunque lo que hay detrás suele ser más complejo que un simple capricho.
La factura eléctrica como termómetro político
La electricidad es el punto donde la conversación deja de ser abstracta. Un centro de datos de hiperescala no es un edificio “grande”; es una máquina conectada a la red eléctrica con hambre constante. Cuando las compañías eléctricas amplían capacidad para responder a esa demanda, la pregunta incómoda aparece: ¿quién paga las nuevas líneas, subestaciones y mejoras? En muchas regiones, parte del coste se socializa vía tarifas. Para el vecino, el mensaje implícito es duro: “mi factura sube para que una empresa tecnológica entrene modelos y venda servicios”.
MIT Technology Review ponía un ejemplo llamativo en Wyoming: un proyecto de Meta con un consumo previsto superior al de todos los hogares del estado juntos. Aunque cada caso varía, la lógica es similar: si el crecimiento es rápido, el sistema eléctrico necesita inversiones rápidas; si el regulador permite trasladar costes, el rechazo se organiza solo.
No sorprende que en Georgia el debate sobre los centros de datos se mezclara con elecciones y malestar por el precio de la luz. La política energética rara vez se vive como teoría: llega cada mes en un recibo.
Agua, emisiones y el zumbido que nunca se apaga
La segunda capa del conflicto es ambiental, y tampoco es una sola cosa. Por un lado está la energía: si la electricidad adicional proviene de fuentes fósiles, el impacto de emisiones crece. El artículo mencionaba el caso de xAI en Memphis, donde el uso de generadores a gas metano levantó críticas por contaminación. La salida “limpia” que muchos mencionan, la nuclear, se topa con el calendario: una central tradicional tarda años en planificarse y construirse, y hasta reactores más pequeños requieren tiempo, permisos y aceptación social.
Luego está el consumo de agua. Los centros de datos se calientan como un ordenador portátil exigido al máximo, solo que multiplicado por miles. En muchas instalaciones, el enfriamiento implica agua en volúmenes importantes, algo especialmente sensible en estados con estrés hídrico. La situación se enreda cuando el dato exacto no es fácil de conseguir: la opacidad alimenta sospechas, y varios estados han explorado exigir divulgación de uso de agua, según apuntaba MIT Technology Review. Cuando una comunidad siente que le piden confianza sin cifras, la confianza se rompe.
Y está el ruido. No el de una obra puntual, sino un fondo permanente: ventiladores, equipos de refrigeración, sistemas auxiliares. Honan lo comparaba con “una autopista que nunca se detiene”. Es una metáfora precisa: no importa si te acostumbras un día, porque no descansa, no cambia de turno, no se va de vacaciones. Para quien vive cerca, ese zumbido constante puede convertirse en estrés.
Los empleos prometidos y el empleo real
En el guion clásico de la captación de inversiones, el empleo es el comodín. La construcción sí moviliza mano de obra y contratos; se ven camiones, grúas, hoteles llenos, restaurantes con más clientes. El problema llega cuando termina la obra: muchos centros de datos emplean a pocas personas para su tamaño, porque buena parte de la operación está automatizada y altamente especializada. El resultado es una paradoja: el municipio pone suelo, permisos y tolera impactos, y el beneficio laboral sostenido puede ser menor de lo imaginado.
Aquí aparece una diferencia clave con otras industrias. Una fábrica grande suele implicar cientos o miles de turnos. Un centro de datos puede ser enorme y, aun así, funcionar como una caja cerrada con un equipo relativamente pequeño. Esa brecha entre expectativa y realidad es gasolina para el rechazo.
La parte emocional: no puedes parar la ola, pero sí la excavadora
Hay una explicación menos “técnica” y más humana. Honan recordaba las protestas contra los autobuses de las tecnológicas en San Francisco durante la década de 2010. Aquellas movilizaciones hablaban de uso de recursos públicos y gentrificación, sí, pero también de algo más difícil de medir: la sensación de pérdida de control ante cambios impulsados por empresas gigantes. No puedes “detener” a Google, pero puedes ponerte delante de un autobús.
Con los centros de datos, la emoción se parece. La IA generativa se infiltra en aplicaciones y servicios aunque uno no la busque. Hay temor a la automatización del empleo, dudas sobre beneficios reales frente a la narrativa de promesas, inquietud por riesgos. Y, frente a una tecnología abstracta, el centro de datos es concreto: una parcela, una carretera, una votación en el ayuntamiento. Es el punto donde lo global toca la puerta de casa.
Esa tensión explica por qué el rechazo puede crecer incluso en lugares que antes ofrecían incentivos. La discusión ya no es solo sobre metros cuadrados o impuestos; es sobre quién decide el futuro de un territorio.
Cuando el “no” local no frena el plan global
El cierre del caso de Monroe County lo ilustra con ironía: pese al rechazo en una propuesta concreta, Google confirmó la compra de cientos de acres cerca de la autopista con intención de construir un centro de datos, según el mismo reportaje. Es una lección incómoda para comunidades: se puede frenar un proyecto, pero la tendencia general sigue si la demanda de cómputo continúa disparada. Es como intentar secar el suelo con una toalla mientras la tubería sigue abierta.
Eso no significa que la oposición sea inútil. Significa que, si las empresas y administraciones quieren evitar un conflicto permanente, necesitan algo más que promesas genéricas. Cifras verificables sobre electricidad, agua, ruido, empleo real y reparto de costes. Planificación de red que no cargue sorpresas en la factura de los hogares. Compromisos ambientales medibles. Sin ese contrato social, cada nueva propuesta se convierte en un plebiscito emocional contra “lo tecnológico” en bloque, aunque la infraestructura sea ya parte del motor económico.