«Aquí se roba agua». Así se titula el informe que WWF España ha publicado hoy, resultado de año y medio de investigación sobre seis acuíferos con alta riqueza ambiental. La conclusión es contundente: más de 80.000 hectáreas de cultivo se riegan con agua extraída con «claros indicios de ilegalidad». No son casos aislados. Son seis zonas distintas del territorio nacional, con un patrón común: la transformación de un secano tradicional en una agricultura de regadío superintensivo, con aspersores funcionando como si el agua fuera infinita. Lo publica hoy Isra Fdez en Xataka Magnet.
Los seis focos identificados por WWF con datos oficiales de 2023 y 2024 sobre parcelas con derechos de riego son:
Alto Guadiana (Ciudad Real), el más grave: más de 39.000 hectáreas con indicios claros de ilegalidad, un 22% de toda la superficie regada en la zona. Se estarían extrayendo unos 69 hectómetros cúbicos al año sin autorización. La sobreexplotación real es aún mayor: se extrae un 86% más de lo que permite el Plan Hidrológico del Guadiana. Las Tablas de Daimiel, el parque nacional que depende de este acuífero, sobrevive hoy más de las lluvias superficiales que del agua subterránea. A 1 de septiembre mantenía inundadas el 30,16% de su superficie.
Almonte-Marismas (Huelva), el acuífero que alimenta a Doñana: unas 3.300 hectáreas con indicios de riego irregular y 13,34 hectómetros cúbicos extraídos ilegalmente al año. La Unesco advirtió en su 48ª sesión en Corea del Sur que Doñana podría entrar en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si España no revierte «rápida y eficazmente» el deterioro. España tiene hasta el 1 de febrero de 2027 para presentar informe. Desde 2019 se han cerrado 1.214 pozos ilegales en la zona.
Los Arenales (Castilla y León): 16.481 hectáreas entre Segovia, Valladolid y Ávila. La masa de Tierra del Vino sigue 26 metros por debajo de su nivel habitual. Los acuerdos entre la Confederación del Duero y las comunidades de usuarios han reducido mínimamente la superficie sospechosa.
Baza (Granada): más de 4.000 hectáreas, el 62% del regadío de la comarca, estarían usando agua robada. El acuífero de Sierra de las Estancias soporta una presión equivalente al 208% de su capacidad. Algunos manantiales ya están secos.
Campo de Cartagena (Murcia), la historia positiva del informe: la superficie con indicios de riego ilegal ha bajado de 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024, un 65% menos. La combinación de la Ley del Mar Menor de 2020, el marco de actuaciones del MITECO y dos filtros verdes del Cinturón Verde aprobados este mes —capaces de eliminar hasta el 97,5% de los nitratos— están dando resultado.
Zona sureste (Albacete, Alicante, Almería): 15.230 hectáreas con crecimiento «insostenible», liderado por Albacete, en el momento preciso en que todos los demás focos, salvo Baza, empiezan a mejorar.
El contexto legal: la Casa de Alba y las condenas por robar agua a Doñana
El informe aterriza en semanas en que hay varios frentes judiciales abiertos. A principios de septiembre, un juez archivó la investigación sobre los pozos de la Casa de Alba en Aznalcázar (Sevilla) después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir legalizara en mayo los pozos investigados. Ecologistas en Acción recurrió días después.
El precedente más sonado sigue siendo el de los hermanos Campos Peña, terratenientes de la misma zona condenados por sustraer 19,4 millones de metros cúbicos de agua a Doñana entre 2008 y 2013 —y que entre 2021 y 2022 cobraron 420.000 euros de subvenciones de la PAC. La Audiencia de Sevilla les rebajó la pena en apelación de tres años y cinco meses a un año y medio. Teresa Gil, de WWF, resume la situación como «un delito ambiental extendido e impune».
La reserva hídrica española está actualmente al 60,3% de su capacidad —33.801 de 56.043 hectómetros cúbicos—, según la última actualización del Boletín Hidrológico del Ministerio, con 2.487 hectómetros cúbicos más que hace un año. El Ebro baja del 50% (47,9%), pero el resto de grandes cuencas respira mejor: Guadalquivir al 70,3%, cuencas internas de Cataluña al 74,4%. El Segura ha pasado de unos críticos 206 hm³ hace un año a 589 hm³ ahora.
La candidatura española a albergar la gigafactoría de semiconductores de IMEC en Málaga es la cara de un país que intenta posicionarse en la economía digital; la extracción ilegal de acuíferos es la cara de un país que todavía no tiene mecanismos efectivos para gestionar el recurso más básico. Newsom firmó en California una orden ejecutiva sobre el kill switch de la IA: el principio de precaución que muchos exigen para la IA es el mismo que lleva años sin aplicarse de forma efectiva a la extracción de agua subterránea. Lagarde y el BCE avisaron de que el 75% del cómputo de IA mundial está en EE.UU.: los centros de datos que Europa necesita para ser competitiva en IA son también grandes consumidores de agua, un dato que los planificadores de infraestructuras no pueden ignorar mientras seis de sus acuíferos clave están en peligro.
WWF pide más medios técnicos y jurídicos para las confederaciones hidrográficas, más teledetección y contadores automáticos, y coordinación real entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. El informe llega mientras se redacta la nueva planificación hidrológica para un escenario con menos agua disponible a largo plazo. La petición de WWF —más teledetección, más contadores automáticos, más coordinación interadministrativa— es técnicamente razonable y políticamente difícil: los acuíferos en peligro cruzan varias comunidades autónomas con competencias distintas en materia de agua, y los intereses agrícolas afectados son electoralmente sensibles en muchas de ellas. El informe es el diagnóstico; el tratamiento lleva en discusión desde antes de que las Tablas de Daimiel empezaran a secarse. Spain tiene herramientas legales para actuar —la Ley de Aguas y la legislación penal de delitos contra el medio ambiente permiten sanciones y prisión— pero los ritmos administrativos y judiciales no se adaptan bien a la velocidad con que un acuífero se vacía.