Australia fue la primera. El 10 de diciembre de 2025, las plataformas con más de cierto tamaño —Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, Snapchat, Reddit, Twitch, Kick y Threads— tuvieron que bloquear a los usuarios menores de 16 años. Las empresas que no tomaran «medidas razonables» para cumplir se enfrentaban a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 34 millones de dólares).
La semana del 27 de agosto de 2026, un tribunal de California falló que la administración Trump etiquetó ilegalmente a Anthropic como riesgo de cadena de suministro. El mismo día, Meta alcanzó un acuerdo de 17.100 millones de dólares para resolver las demandas colectivas que la acusaban de diseñar productos adictivos y dañinos para adolescentes. Los dos eventos separados ilustran el mismo momento: el sistema legal americano está procesando simultáneamente la regulación de la IA y la responsabilidad de las plataformas sociales. Para las empresas tecnológicas, 2026 es el año en que ambos frentes llegan a resolución.
¿Cuántos países han seguido a Australia en nueve meses?
El movimiento se aceleró con una cadencia que pocos analistas anticiparon. En junio de 2026, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que el Reino Unido prohibirá las redes sociales para menores de 16 años, prometiendo ir «más lejos que ningún país del mundo». La ley se espera para la primavera de 2027. En junio también, Canadá introdujo legislación en esa dirección.
Francia aprobó en su cámara baja la prohibición para menores de 15 años —falta el Senado—. El presidente Macron ha pedido que se acelere para que entre en vigor antes del próximo curso escolar. Noruega presentará un proyecto de ley antes de finales de 2026. Grecia anunció en abril que prohibirá el acceso de menores de 15 desde enero de 2027. Dinamarca, Eslovenia, Polonia, Portugal, España y Malaysia están en distintos estadios de legislación o consulta pública.
El patrón es consistente: la presión de los padres supera ampliamente la resistencia de las plataformas en las encuestas. El 77% de los votantes australianos apoyaban la medida antes de su implementación. El argumento del enforcement imperfecto —que los jóvenes encontrarán la manera de saltársela— no ha frenado a ningún gobierno que haya dado el paso. El primer ministro Starmer lo formuló con una analogía directa: «No decimos ‘un adolescente se las arregló para conseguir una bebida, así que no prohibamos el alcohol a los menores'».
¿Qué resultado real ha tenido la prohibición australiana?
Los datos de los primeros nueve meses son mixtos pero no irrelevantes. Una encuesta de la autoridad reguladora australiana en marzo de 2026 encontró que alrededor del 70% de los padres decía que sus hijos habían encontrado formas de sortear los sistemas de verificación de edad. Pero la misma autoridad documentó que varias plataformas habían acelerado significativamente el desarrollo de mejores sistemas de verificación ante la presión regulatoria.
El argumento de los investigadores de bienestar infantil es que la perfección no es el objetivo. Los argumentos más importantes son normativos: una ley que convierte en ilegal el acceso de menores a determinadas plataformas cambia las negociaciones familiares, da respaldo legal a los padres y —crucialmente— pone la responsabilidad financiera y técnica sobre las plataformas.
Eso es exactamente lo que Meta quiso evitar y ya no puede. Los despidos de mayo de 2026 y la reestructuración de Meta para financiar su apuesta por IA muestran que la empresa tenía sus propias prioridades. Pero los tribunales americanos han ido en otra dirección con los menores.
El papel del Reino Unido y la UE como próximos legisladores
El anuncio de Keir Starmer en junio es el que tiene mayor potencial de contagio, porque el contexto normativo europeo ya incluye la Ley de Servicios Digitales —que exige evaluaciones de riesgo para menores— y el GDPR. La Comisión Europea trabaja en un Digital Fairness Act que, según la presidenta von der Leyen, incluirá restricciones de edad.
Lo que nadie tiene claro aún es la verificación técnica. Pedir a una plataforma que compruebe que el usuario tiene más de 16 años sin recopilar más datos biométricos de los estrictamente necesarios es un problema de ingeniería y privacidad que los gobiernos han delegado en las empresas sin resolverlo. El sistema australiano permite que los jóvenes «hagan la papada» para engañar a los detectores de edad, según los propios datos. La vigilancia digital y el backlash que genera a empresas como Flock Safety, que monitoriza con cámaras de matrícula en 36 estados, ilustra cuál es el peligro del otro extremo: sistemas de verificación que acaban siendo sistemas de vigilancia generalizados.
Meta monitorizó los clics y pulsaciones de sus empleados como parte de su estrategia de sustitución de personal por IA. El mismo reflejo de recopilar todo lo que sea técnicamente posible aplicado a la verificación de edad de menores crearía exactamente el tipo de base de datos que el movimiento de prohibición intenta evitar. En nuestra experiencia cubriendo regulación tecnológica desde el primer GDPR europeo de 2018, los sistemas de verificación de edad tienen un problema estructural que se repite: no existe solución que combine verificación efectiva, privacidad real y facilidad de implementación. Las soluciones que funcionan —verificación biométrica, documentos de identidad digitales— crean bases de datos que los reguladores de privacidad luego tienen que gestionar. Las soluciones que no crean esas bases de datos —declaraciones de edad, control parental— son fácilmente eludibles.
Hemos comprobado en coberturas del sector que las empresas que más rápido desarrollaron sistemas de verificación funcionales fueron las que ya tenían infraestructura de identidad por otras razones: banca, salud, seguros. Las plataformas de redes sociales partían de cero o casi cero en ese espacio, porque su modelo de negocio de adquisición de usuarios masiva era incompatible con fricción de registro alta.
Los gobiernos que más han avanzado en legislación —Australia, Francia, Noruega— comparten una característica: han decidido que la acción imperfecta es mejor que la inacción perfecta. El debate académico sobre si la evidencia científica es suficientemente sólida ya no determina las decisiones políticas; las determina el estado de la opinión pública, que se ha movido inequívocamente hacia el apoyo a la restricción.
El reto legislativo no es solo decir «no» a los menores en las plataformas; es definir cómo comprobarlo sin crear un sistema de identidad digital obligatoria que la sociedad tampoco quiere. Ese problema aún no tiene respuesta. Lo que sí tiene respuesta es la dirección: el consenso político en al menos 16 países es que el coste de no actuar supera el coste de actuar imperfectamente. La pregunta ya no es si se van a prohibir las redes sociales a menores en la mayor parte del mundo occidental; es cuándo y en qué condiciones.