Un estudio publicado por la Molly Rose Foundation y difundido este lunes revela que el 61% de los niños australianos de entre 12 y 15 años que previamente usaban redes sociales siguen teniendo al menos una cuenta activa en las plataformas que fueron prohibidas en diciembre. La encuesta, realizada en marzo a 1.050 niños, también encontró que el 70% de quienes han intentado saltarse la prohibición dicen que es fácil hacerlo. La fundación concluye que la ley no ha tenido un «impacto claro positivo ni negativo en el bienestar de los menores».
El contexto: el 10 de diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir por ley las cuentas de redes sociales para menores de 16 años. Las plataformas afectadas son Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, X, Threads, Twitch y Kick. Las empresas deben «dar pasos razonables» para impedir que menores creen o mantengan cuentas, bajo amenaza de multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 33 millones de euros). En enero, el gobierno anunció que las plataformas habían desactivado 4,7 millones de cuentas de menores. La cifra sonaba espectacular. El estudio de la Molly Rose Foundation la matiza considerablemente.
Andy Burrows, CEO de la fundación, ha sido contundente: «Estos resultados plantean preguntas serias sobre la efectividad de la prohibición australiana y muestran que sería una apuesta de alto riesgo para el Reino Unido seguir el mismo camino ahora». La Molly Rose Foundation fue creada tras el suicidio de Molly Russell, una adolescente británica cuya muerte se vinculó a contenido de autolesión en Instagram, así que no es una organización sospechosa de estar minimizando los daños de las redes. Su crítica no es a la intención de la ley, sino a su ejecución: si los niños pueden saltársela en cuestión de minutos (VPNs, cuentas con fecha de nacimiento falsa, pedir a un adulto que abra la cuenta), el efecto protector es marginal. El gobierno de Albanese defiende el modelo y presume de haber sido replicado por otros países. Pero los propios opositores australianos señalan que los menores están migrando a plataformas menos vigiladas, no abandonando las redes. Es algo que ya comentamos cuando Reino Unido anunció un piloto con 300 adolescentes y tres enfoques distintos: prohibir sin medir qué funciona puede generar efectos colaterales peores.
Mi valoración: hay dos lecturas posibles de este estudio. La optimista: 4 de cada 10 menores han salido de las plataformas, lo cual no es poco para una ley de cuatro meses, y las plataformas siguen ajustando sus sistemas de verificación de edad. La pesimista, que me parece más realista: los que se han ido son los que menos resistencia oponían, y los 6 de cada 10 que se quedan incluyen probablemente a los más enganchados y más vulnerables, que son exactamente los que la ley pretendía proteger. Si a eso sumas el 70% que dice que es fácil saltarse el bloqueo, el mecanismo tiene un problema de diseño, no de implementación. La verificación de edad basada en selfies, fecha de nacimiento autoinformada o IDs gubernamentales es porosa. El argumento habitual del sector tecnológico («haced plataformas más seguras, no prohibiciones») tiene aquí más peso del que los gobiernos quieren admitir. Malasia, Dinamarca, Reino Unido, Francia y una docena de países están observando Australia antes de legislar. El mensaje que les está llegando en abril de 2026 es complicado: no es que la idea sea mala, es que las herramientas para implementarla todavía no funcionan.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el estudio? Que el 61% de los menores australianos de 12 a 15 años que usaban redes sociales siguen teniendo cuentas activas tras la prohibición, y que el 70% de quienes han intentado saltarse el bloqueo dice que es fácil. ¿Quién ha hecho el estudio? La Molly Rose Foundation, una organización británica contra el daño en línea creada tras el suicidio de Molly Russell, adolescente cuya muerte se vinculó a contenido de autolesión en Instagram. ¿Sigue defendiendo Australia la ley? Sí. El gobierno de Albanese mantiene que la medida está funcionando y destaca los 4,7 millones de cuentas desactivadas. Los críticos responden que los niños migran a plataformas menos supervisadas.