La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado revisar un caso crucial que podría sentar un precedente en la manera en que los proveedores de servicios de Internet (ISP) responden a las acusaciones de piratería en línea. Se trata del litigio entre Cox Communications y Sony Music Entertainment, una disputa legal que podría redefinir las responsabilidades de los ISP frente al uso indebido de sus redes por parte de los usuarios.
¿Por qué es tan importante este caso?
Las discográficas han venido presionando para que los ISP tomen medidas drásticas, como desconectar a los usuarios cuyos dispositivos aparecen repetidamente vinculados a descargas mediante redes de intercambio de archivos (torrent). Sin embargo, Cox sostiene que esto implica castigar a hogares enteros por presuntas acciones individuales y sin garantías judiciales.
El Tribunal Supremo tendrá que decidir si basta con que un ISP «sepa» que en una cuenta hay actividad sospechosa para considerarlo culpable de infracción contributiva de derechos de autor, aun sin pruebas de que haya promovido activamente esa actividad.
La historia del caso
Sony demandó a Cox por no haber actuado frente a numerosos avisos sobre piratería que supuestamente ocurrían desde ciertas cuentas. En un juicio anterior, se ordenó a Cox pagar 1.000 millones de dólares por infracción de derechos de autor. Sin embargo, en 2024, un tribunal de apelaciones anuló esa cifra, alegando que Cox no obtuvo beneficios directos de dichas infracciones. Aun así, el tribunal mantuvo que hubo infracción contributiva deliberada, lo que dejó la puerta abierta a nuevos juicios por daños.
Ambas partes recurrieron al Tribunal Supremo, pero solo la petición de Cox fue aceptada.
Las implicaciones para los usuarios
Si se mantiene la interpretación del tribunal inferior, los ISP podrían sentirse presionados a cancelar cuentas tras recibir incluso una sola notificación de presunta infracción, sin comprobar su veracidad. Esto podría suponer que familias enteras pierdan el acceso a Internet por una acción aislada, o incluso por errores de los sistemas automáticos que generan estas denuncias.
Cox afirma que no tiene forma de verificar la veracidad de millones de notificaciones que recibe anualmente, muchas de ellas generadas por bots contratados por discográficas. En algunos casos, los avisos se refieren a una dirección IP compartida entre varias personas, lo que dificulta determinar quién cometió realmente la supuesta infracción.
Una cuestión de equilibrio entre derechos
Este caso plantea un delicado equilibrio entre proteger los derechos de los creadores y garantizar el acceso a Internet como un servicio básico. Si bien es razonable que los titulares de derechos busquen proteger su trabajo, también es necesario evitar que los ISP se conviertan en jueces y verdugos digitales que bloquean servicios sin el debido proceso.
La postura del gobierno de EE.UU. en 2025, representado por el procurador general John Sauer, fue clara: apoyar a Cox. Sauer argumentó que, de mantenerse el fallo del tribunal de apelaciones, se crearía un incentivo para que los ISP cancelen cuentas ante la primera sospecha, con tal de evitar responsabilidades financieras.
Casos similares que refuerzan la tensión
El de Cox no es el único caso en disputa. Otras empresas como Grande Communications y Frontier Communications también han sido objeto de demandas similares. En el caso de Grande, un tribunal dictaminó que debió haber desconectado a usuarios acusados de piratería. Frontier optó por un acuerdo privado con Universal, Sony y Warner.
Esta tendencia judicial podría hacer que el modelo de notificación y desconexión se convierta en la norma, lo que provocaría consecuencias para la privacidad, la presunción de inocencia y la libertad digital.
El futuro del acceso a Internet está en juego
Aunque se trata de un caso centrado en los derechos de autor, las decisiones que tome el Tribunal Supremo podrían tener repercusiones más amplias. Si se exige a los ISP actuar como guardianes del contenido que circula por sus redes, se podría abrir la puerta a un modelo más restrictivo de acceso a Internet, con más vigilancia y menos neutralidad.
Es como si el proveedor de electricidad fuera responsable de lo que enchufamos en casa. El ISP provee conectividad, pero no tiene control real sobre cómo la usan los usuarios. Forzar a estas empresas a vigilar, juzgar y sancionar podría ir más allá de su función técnica y transformar su papel en algo muy distinto.
La decisión final podría llegar a finales de este año, y su impacto podría sentirse durante décadas.