Canadá se posiciona para ser el faro en la regulación de la inteligencia artificial

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Canadá se ha propuesto un objetivo ambicioso pero calculado: establecer las primeras regulaciones oficiales en el emergente sector de la inteligencia artificial (IA). Pero, ¿qué implica esto para el país y para el mundo tecnológico en general?

El país norteamericano ha reforzado su estrategia nacional de IA este año, introduciendo un código de conducta voluntario. Este código ha sido adoptado por grandes empresas canadienses de IA como Cohere y Coveo, y tiene como objetivo construir confianza pública mientras se desarrolla la legislación nacional.

El Proyecto de Ley C-27

Conocido como la Digital Charter Implementation Act, este proyecto de ley busca modernizar las leyes de privacidad y establecer regulaciones en torno al uso de la IA. Introduce la Artificial Intelligence and Data Act (AIDA), que se centra en medidas de responsabilidad para la gestión de datos y el desarrollo ético de tecnologías de IA.

No todos ven con buenos ojos estos esfuerzos. Activistas y algunos líderes de la industria tecnológica han criticado tanto el proyecto de ley propuesto como el código de conducta voluntario. Argumentan que AIDA no protege adecuadamente los derechos y libertades de los ciudadanos, y que prioriza los intereses económicos sobre las consideraciones de derechos humanos.

Involucramiento Internacional de Canadá

Canadá no está actuando solo. Ha sido un participante activo en iniciativas internacionales de IA, cofundando la Global Partnership on AI (GPAI) en 2018 junto con Francia. La alineación con socios internacionales es una prioridad para el país.

En respuesta a las críticas, se esperan más enmiendas al proyecto de ley C-27. El código de conducta voluntario se ve como una medida inmediata para generar confianza en los productos de IA.

La iniciativa de Canadá de regular la IA es un paso significativo, pero también un terreno minado de dilemas éticos y desafíos prácticos. La clave será encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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