Hace doce meses, decir que el gobierno debería poseer la mitad de las acciones de OpenAI, Google DeepMind o Anthropic sonaba a excentricidad de la izquierda más lejana de las corrientes del consenso. Hoy, es la posición mayoritaria en las encuestas. Según una survey de Verasight publicada por CNBC el 12 de julio de 2026, el 69% de los adultos estadounidenses apoya obligar a las empresas de IA a transferir el 50% de sus acciones a un fondo soberano de riqueza público.
La propuesta Sanders y sus números
La encuesta mide el respaldo a la ley concreta que el senador Bernie Sanders presentó en junio de 2026: el American AI Sovereign Wealth Fund Act. Su mecánica sería sencilla —todas las grandes empresas de IA ceden la mitad de sus acciones al Estado— y su ambición está cuantificada: Sanders la ha descrito como un fondo de aproximadamente 7 billones de dólares (trillions en inglés). El argumento de Sanders es que la investigación básica que hizo posible la IA fue financiada con dinero público —universidades, DARPA, NSF— y que los ciudadanos deben recibir parte del retorno de esa inversión.
El senador Ed Markey ha incluido «compartir la riqueza de la IA» entre las seis prioridades de su propio AI Accountability Agenda presentada la misma semana. El movimiento tiene dos alas con nombres conocidos, lo que convierte a este tipo de propuestas en algo que los partidos mayoritarios ya no pueden ignorar como ruido de fondo.
Por qué las encuestas cambiaron de dirección
La explicación está en los mercados laborales y en una estadística que ha circulado ampliamente: la tecnología representó aproximadamente un tercio de todos los despidos en Estados Unidos en el primer semestre de 2026, según los datos que cita TNW. Las mismas empresas que recortaban plantillas aumentaban simultáneamente su inversión en IA. Esa combinación de despidos + capex record es la que convierte un argumento abstracto sobre la propiedad de la IA en algo concreto y personal.
Goldman Sachs ha estimado que más de 15 millones de trabajadores podrían perder sus empleos en una transición de una década impulsada por la IA. Aunque hay economistas que discuten esa proyección —Sam Altman, entre otros, ha argumentado que un apocalipsis laboral de esa escala es improbable— la cifra ha circulado lo suficiente como para anclar el debate.
Esto conecta con lo que Sanders lleva décadas argumentando sobre el papel del Estado en la distribución de los beneficios tecnológicos. El propio OpenAI publicó en abril su plan para reorganizar la sociedad en torno a la superinteligencia, que incluía un fondo público soberano de IA, impuestos sobre el trabajo automatizado y semana de cuatro días con salario completo: el tipo de propuesta que normalmente viene de la izquierda política llegaba firmada por la empresa más valorada del sector. El argumento mainstream está cambiando.
Los contraargumentos: propiedad privada, inversión y exportar desarrollo
El artículo de TNW presenta los contraargumentos con honestidad. Los críticos de la propuesta identifican tres problemas:
Expropiación disfrazada. Obligar a una empresa a ceder la mitad de sus acciones al gobierno sin compensación equivale a confiscar la mitad de la empresa. En el marco jurídico americano, eso entraría en colisión directa con las protecciones a la propiedad privada. Los defensores de la propuesta responden que se puede articular como condición para operar en mercados regulados o acceder a contratos públicos, no como confiscación.
Inversión frenada y deslocalización. Si las empresas americanas saben que cualquier startup de IA que alcance cierto tamaño tendrá que ceder la mitad a Washington, la respuesta racional es incorporar fuera de EE.UU. desde el principio. El Silicon Valley se construyó en parte porque la alternativa europea era más regulada y menos lucrativa para inversores. Una propuesta que cambie radicalmente ese equilibrio podría acelerar la deslocalización del desarrollo de IA.
El problema de la encuesta. El movimiento en las encuestas puede estar amplificado por cómo se hace la pregunta. Preguntar «¿debería el público tener el 50% de las empresas de IA?» con un marco de redistribución capta un sentimiento general de que los ricos se quedan con demasiado. Preguntar «¿debería el gobierno poseer y controlar parcialmente las empresas tecnológicas más innovadoras de EE.UU.?» probablemente obtendría respuestas distintas.
La Unión Europea está trabajando en una respuesta diferente: construir su propia infraestructura soberana de IA con gigafactorias de chips en Europa para reducir la dependencia de Nvidia y las empresas americanas. No es propiedad pública de empresas privadas: es inversión pública en capacidad alternativa. Los modelos son diferentes, pero el problema que intentan resolver —¿quién controla los beneficios de la IA?— es el mismo.
Por qué importa aunque la ley no pase
El American AI Sovereign Wealth Fund Act no va a convertirse en ley en el Congreso actual. Sanders lo sabe. El propósito político es mover el Overton window: establecer que la pregunta sobre si el público tiene derecho a una parte de los beneficios de la IA no es una posición radical sino una que el 69% de la población apoya.
La reorganización del equipo directivo de OpenAI —con múltiples salidas de ejecutivos en los últimos meses mientras el CapEx de IA de las grandes empresas tecnológicas sigue creciendo— es el tipo de noticia que en el contexto político actual refuerza la narrativa de que estas empresas están gestionando riqueza enorme con accountability limitada.
Mi valoración
Que el 69% apoye una propuesta tan estructuralmente radical como la de Sanders es genuinamente sorprendente, y merece ser tomado en serio incluso si la encuesta simplifica el debate. El desplazamiento del Overton window en cuestiones de propiedad tecnológica ha sido más rápido de lo que la mayoría de analistas predecía.
Lo que más me convence del movimiento político es la coherencia del argumento fundamental: si la investigación que hizo posible la IA fue financiada con impuestos, hay un caso legítimo para que los ciudadanos participen en el retorno. Lo que más me preocupa es la mecánica concreta: los fondos soberanos de riqueza con participaciones en empresas privadas tienen un historial mixto en todo el mundo, y mezclar intereses estatales con la toma de decisiones de empresas de IA de frontera no es necesariamente el mecanismo más eficaz para distribuir los beneficios.
La pregunta más útil no es si la propuesta Sanders puede aprobarse literalmente, sino qué mecanismos concretos y jurídicamente sólidos pueden hacer que los beneficios de la IA lleguen más allá de los accionistas de unas pocas empresas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el American AI Sovereign Wealth Fund Act de Sanders?
Es una propuesta de ley presentada por el senador Bernie Sanders en junio de 2026 que obligaría a las grandes empresas de IA a transferir el 50% de sus acciones a un fondo soberano de riqueza gestionado por el gobierno federal. Sanders calcula que el fondo alcanzaría aproximadamente los 7 billones de dólares (trillions). La propuesta no tiene los votos para aprobarse en el Congreso actual, pero busca mover el debate político sobre quién debe beneficiarse del desarrollo de la IA.
¿Tiene China un equivalente a esta propuesta?
El enfoque chino es diferente pero igualmente activo en términos de control estatal. Los tribunales chinos han dictaminado que despedir a trabajadores por ser reemplazados por IA no es motivo legal válido para el despido, una protección que no existe en EE.UU. ni en la UE. Además, el Estado chino mantiene participaciones directas en muchas de las grandes empresas tecnológicas del país a través de fondos estatales.
¿Qué pasaría si este tipo de ley se aprobara en EE.UU.?
Las consecuencias más probables serían: un periodo de litigios constitucionales sobre las protecciones a la propiedad privada, presión para que las empresas incorporen fuera de EE.UU. antes de alcanzar un cierto tamaño, y potencialmente una reducción en la inversión de capital riesgo en IA americana si los retornos se reducen a la mitad. Ninguno de estos efectos es seguro, pero son los que citan los economistas que se oponen a la propuesta.