El senador de Vermont ha presentado la legislación federal más ambiciosa hasta la fecha sobre propiedad pública de la IA: un impuesto de una sola vez del 50% sobre las acciones de las mayores empresas de IA, depositado en un fondo soberano que el gobierno administraría en nombre de todos los americanos. El fondo valdría aproximadamente 7 billones de dólares. Cada adulto americano recibiría más de 1.000 dólares anuales.
Lo recogen en The Next Web, con declaraciones del propio Sanders del 18 de junio: «La IA no surgió de la nada. No fue una idea brillante que le apareció a Mark Zuckerberg o a Elon Musk. La IA se fundamenta en el conocimiento colectivo de la humanidad y en el trabajo creativo de decenas de millones de personas». La Ley del Fondo Soberano Americano de IA —American AI Sovereign Wealth Fund Act— está copatrocinada con el representante Ro Khanna y es la primera propuesta legislativa federal que contempla la propiedad pública directa de los laboratorios de IA.
El mecanismo concreto: las empresas que superen los 200 millones de dólares en ingresos anuales de IA deberían ceder el 50% de sus acciones al fondo. No es un impuesto sobre beneficios: es un impuesto sobre el capital, pagado en acciones. Las firmas afectadas incluyen a OpenAI —valorada en 852.000 millones de dólares para su OPV confidencial—, Anthropic —valorada en aproximadamente 1 billón de dólares—, xAI y probablemente las divisiones de IA de Microsoft y Google según cómo se defina el umbral.
¿Cómo funcionaría el fondo y quién lo gestionaría?
El proyecto contempla una Comisión Independiente para la IA Democrática de siete miembros, nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Esa comisión administraría las acciones del fondo con dos mandatos explícitos: bloquear decisiones empresariales que perjudiquen a los ciudadanos y promover políticas que les beneficien. Tendrían representación equivalente en los consejos de administración de cada empresa incluida en el fondo.
Los ingresos generados por el fondo se distribuirían como pagos directos anuales. Sanders calcula más de 1.000 dólares por americano adulto, con la perspectiva de que la cifra crezca a medida que los modelos de IA generen más valor económico. El modelo inspirador es el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, financiado con ingresos del petróleo y hoy valorado en más de 2 billones de dólares.
El impacto de la IA en el empleo es el telón de fondo explícito de la propuesta. Challenger, Gray & Christmas registró más de 50.000 despidos citando la IA como causa directa en los primeros cuatro meses de 2026. La banca europea tiene 200.000 empleos en riesgo antes de 2030 por la automatización. La premisa de Sanders es que, si la tecnología va a desplazar trabajo, los beneficios deben redistribuirse antes de que el daño sea irreversible.
¿Tiene alguna posibilidad de pasar?
La respuesta corta es: con el Congreso actual, no. La respuesta más interesante es que la conversación ya se ha desplazado de forma notable. Sam Altman propuso en 2025 la creación de un vehículo público de riqueza para distribuir los beneficios de la IA. Los ingresos de Anthropic han pasado de 9.000 a más de 30.000 millones de dólares en run rate en solo 15 meses, lo que hace que el argumento de «la IA crea riqueza concentrada» sea difícil de rebatir con datos. El propio Trump ha mencionado la idea de que el gobierno tome participaciones en empresas de IA, aunque con una estructura muy diferente a la de Sanders.
La distinción que Sanders marcó al hablar con AP es reveladora: «Personas como Sam Altman o Trump que dicen ser simpáticos a esto están diciendo: ‘Vamos a ser tipos buenos y quizás compraremos a la gente’. Nosotros decimos que la gente tiene derecho a esto». La diferencia entre un dividendo voluntario y derechos de propiedad legal es política y económicamente enorme. El gobernador Gavin Newsom de California firmó en mayo un decreto ejecutivo que pide a agencias estatales evaluar políticas de «capital básico universal» para paliar los efectos de los despidos por IA. El movimiento crece por los bordes aunque el centro lo bloquee.
Mi valoración
Tras más de 20 años cubriendo política tecnológica, lo que más me convence del argumento de Sanders no es el mecanismo específico —que tiene problemas de implementación reales— sino el diagnóstico. La IA está concentrando riqueza a una velocidad sin precedente en la historia de la tecnología. Los paralelismos con el debate sobre la privatización del espectro radioeléctrico en los años noventa son reales: el espectro era un bien común que se asignó al sector privado sin suficiente debate sobre su redistribución.
Lo que más me preocupa de la propuesta en sí es que imponer un impuesto del 50% sobre el capital de empresas privadas antes de una OPV crea desincentivos de inversión que podrían desplazar capital a jurisdicciones sin ese requisito. Paradójicamente, el proyecto podría hacer que las empresas de IA listaran fuera de EEUU para evitar el umbral. El impuesto al capital es un instrumento mucho más contundente y de consecuencias más inciertas que el impuesto a los beneficios.
Mi predicción: esta propuesta no se aprobará en 2026 ni en 2027. Pero habrá algún mecanismo más moderado —probablemente un royalty sobre datos de entrenamiento o una tasa sobre beneficios— que capture parte del mismo terreno político antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un impuesto del 50% sobre acciones y no sobre beneficios?
Sanders argumenta que los beneficios actuales de las empresas de IA son todavía modestos comparados con sus valoraciones, y que el valor real está en el capital —las acciones— que ya refleja las expectativas futuras. Un impuesto sobre beneficios no captaría la riqueza que ya existe en las valoraciones de 1 billón de dólares de Anthropic o los 852.000 millones de OpenAI.
¿Qué empresas quedarían sujetas a la ley?
Cualquier empresa con más de 200 millones de dólares anuales en ingresos de IA. Eso incluiría explícitamente a OpenAI, Anthropic y xAI. Dependiendo de la definición de «ingresos de IA», también podrían incluirse las divisiones de IA de Microsoft, Alphabet y Meta.
¿Cómo compara con el modelo noruego que menciona Sanders?
El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega —el más grande del mundo— se construyó durante décadas con los ingresos del petróleo estatal y hoy vale más de 2 billones de dólares. Lo gestiona el banco central con un mandato de maximizar el retorno a largo plazo para las generaciones futuras. La diferencia clave es que el modelo noruego era propietario de los recursos naturales desde el principio; la propuesta de Sanders requiere transferir retroactivamente la propiedad de empresas privadas ya existentes.