En España usamos tecnología estadounidense con la misma naturalidad con la que abrimos el grifo: no solemos pensar en la tubería. El problema es que, en lo digital, esa tubería no es neutra. Gran parte de la actividad diaria de empresas, administraciones y ciudadanos pasa por servicios en la nube, sistemas operativos, plataformas de colaboración, publicidad, analítica, mapas, identidad digital y pagos donde el control efectivo —técnico, comercial y a veces jurídico— se concentra en proveedores de Estados Unidos.
No se trata solo de “apps”. Es el equivalente a construir una ciudad entera sobre una red eléctrica ajena: mientras todo funciona, el coste es invisible; cuando hay una interrupción o una decisión política, lo que parecía comodidad se convierte en vulnerabilidad.
España en cifras: cuánto pesa Estados Unidos en el día a día corporativo
Cuando hablamos de dependencia, conviene bajar al dato. Diversos análisis sobre empresas cotizadas en Europa sitúan a España con un uso crítico de servicios de proveedores estadounidenses en una parte muy relevante del tejido empresarial, con especial intensidad en sectores esenciales y áreas intensivas en software empresarial.
En paralelo, el cuello de botella más importante está en la nube. El mercado europeo de infraestructura cloud está dominado por un pequeño grupo de proveedores de Estados Unidos, mientras que los proveedores europeos mantienen una cuota comparativamente reducida pese al crecimiento del sector.
Dicho en una frase: Europa compite en la “superficie” —normas, sanciones, discursos de soberanía— pero la base computacional donde corren correos, historiales, ERPs, nóminas, logística o atención al cliente sigue siendo mayoritariamente ajena.
No es solo quién presta el servicio: es quién tiene la llave legal de los datos
La dependencia tecnológica tiene una dimensión que suele pasar desapercibida: la jurisdicción. La legislación estadounidense contempla que, bajo determinados requerimientos legales, empresas sujetas a su jurisdicción puedan verse obligadas a entregar datos incluso si están almacenados fuera del país.
Europa, por su parte, intenta blindarse con el RGPD. Las autoridades europeas de protección de datos han insistido en que decisiones de autoridades de terceros países no deberían ejecutarse sin un marco de acuerdo internacional adecuado. En la práctica, esa tensión se gestiona con encaje jurídico, contratos, medidas técnicas y marcos de transferencia de datos transatlánticos que han buscado estabilizar la situación tras años de idas y venidas legales.
Para un lector no jurídico, una metáfora útil sería esta: no basta con guardar las llaves en casa si el casero conserva una copia y la ley de su país le permite usarla en ciertas circunstancias.
¿Y si Europa decide dejar de usar productos y servicios de EE. UU.? Un día normal, pero con fricción constante
Imagina un martes cualquiera. Suena el despertador del móvil y lo primero que haces es mirar el calendario, el correo, el chat del trabajo, la ruta al cole o a la oficina. Si de repente Europa “apagara” de forma coordinada gran parte de los servicios estadounidenses, no sería un apagón tipo película; sería más parecido a conducir con niebla espesa: todo sigue ahí, pero cada acción tarda más, falla más y exige alternativas que no tenías preparadas.
En el trabajo, la fricción se notaría en lo cotidiano: identidad corporativa, inicio de sesión, permisos, documentos compartidos, reuniones y almacenamiento. Muchas organizaciones han convertido suites de productividad y herramientas cloud en su columna vertebral. Si ese soporte desaparece, no es que “no haya videollamadas”; es que la coordinación, la trazabilidad y la continuidad operativa retroceden años en cuestión de horas.
A la hora de pagar, el impacto no sería uniforme, pero sí muy visible. Europa intenta reducir dependencia con iniciativas paneuropeas de pagos, cuya hoja de ruta incluye extender capacidades hacia pagos en tiendas físicas en los próximos años. En paralelo, el banco central de la zona euro mantiene en marcha el trabajo preparatorio del euro digital, condicionado a que avance la legislación correspondiente.
En sanidad y administración pública, el ciudadano lo notaría en lo que más duele: citas, historiales, tramitación y coordinación entre sistemas. No porque “todo esté en Estados Unidos”, sino porque muchas capas intermedias —bases de datos, copias, analítica, sistemas de identidad o herramientas de soporte— dependen de proveedores y arquitecturas construidas con esa nube como base.
De la teoría a los precedentes: cuando el gigante tropieza, todos lo notan
Un argumento habitual es “esto es hipotético”. No del todo. Ha habido interrupciones relevantes en grandes plataformas cloud que han afectado a múltiples servicios y empresas durante horas, recordando que cuando la infraestructura está concentrada, un incidente localizado puede amplificarse.
También existen señales en el plano institucional. En 2025 se reavivó el debate europeo sobre soberanía digital tras casos sonados de afectación de servicios a responsables internacionales en un contexto de sanciones y presión política. Y el clima geopolítico influye: cambios de administración y tensiones comerciales pueden convertir una dependencia técnica en una palanca de negociación.
Alternativas europeas: existen, pero el problema es el “cambio de raíles” con el tren en marcha
Europa no parte de cero. En semiconductores, España empuja con el PERTE Chip, diseñado para reforzar capacidades industriales y de I+D. También se promueven proyectos de fabricación y centros de investigación en distintos puntos del país, con inversiones públicas y privadas orientadas a mejorar autonomía tecnológica.
En datos y cloud, iniciativas de interoperabilidad buscan facilitar que las organizaciones puedan mover información y servicios entre proveedores de forma más ordenada. A la vez, algunos grandes proveedores internacionales han respondido anunciando ofertas “soberanas” en Europa para adaptarse a exigencias regulatorias.
El freno real es el “lock-in”: no solo dependes del proveedor, dependes del ecosistema de integradores, formación interna, herramientas conectadas y hábitos. Migrar es como cambiar el idioma de una empresa entera: no basta con traducir el manual, hay que reaprender conversaciones, atajos y cultura.
Qué cambiaría primero: resiliencia antes que independencia total
Si Europa quisiera reducir dependencia sin romperlo todo, el camino más realista no es “prohibir” mañana, sino exigir resiliencia: arquitecturas multi-proveedor, copias recuperables fuera del mismo ecosistema, planes de continuidad y contratos que eviten puntos únicos de fallo. En sectores como el financiero ya existen marcos que obligan a reforzar la resiliencia operativa digital.
Para el ciudadano, la vida no volvería a la Edad de Piedra, pero sí sería más lenta y más “analógica” en momentos concretos: pagos que requieren más pasos, trámites que piden presencia física, empresas que priorizan tareas offline, servicios que se degradan cuando no pueden validar identidades o sincronizar datos. La gran lección es que la dependencia no se siente como una cadena; se siente como comodidad… hasta que falta.