Los vehículos eléctricos (EVs) se han posicionado como una de las soluciones más visibles para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. Su imagen como alternativa “verde” ha ganado terreno en los últimos años, impulsada por gobiernos, fabricantes y consumidores preocupados por la sostenibilidad. Sin embargo, detrás del silencio elegante de los motores eléctricos, existe un ruido ambiental que muchas veces pasa desapercibido: el impacto de la extracción de minerales, especialmente el níquel, esencial para la fabricación de baterías.
Un reciente informe del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha sacado a la luz un caso particularmente preocupante relacionado con la minera indonesia Harita Group, uno de los gigantes en la producción mundial de níquel. Las revelaciones señalan que la compañía habría ocultado durante años la contaminación por cromo-6, un químico altamente tóxico y cancerígeno, que se ha filtrado en fuentes de agua cercanas a su operación.
¿Qué es el cromo-6 y por qué es tan peligroso?
El cromo-6 (hexavalente) es un compuesto químico generado durante procesos industriales a altas temperaturas, como la extracción y fundición del níquel. Este químico es el mismo que dio fama al caso de Erin Brockovich en los años 90, cuando se demostró su vinculación con enfermedades graves entre comunidades expuestas a aguas contaminadas en California.
En Indonesia, el mismo tipo de contaminante ha sido encontrado en aguas cercanas a la mina de Harita. Aunque la empresa afirma que cumple con las regulaciones medioambientales y realiza un tratamiento adecuado de sus residuos, correos filtrados apuntan a una realidad diferente: la empresa habría conocido el problema desde 2012 y decidió no alertar a la población ni mitigar el daño.
Las baterías verdes y su precio oculto
El impacto de este caso va más allá de una sola compañía. Harita Group es un engranaje clave en la cadena de suministro de vehículos eléctricos, con exportaciones de níquel que alimentan la producción de baterías a nivel global. Este caso nos obliga a replantearnos si la actual carrera por la electrificación del transporte está realmente alineada con los principios de sostenibilidad.
Fabricar un coche eléctrico no es tan inocuo como podría parecer. Si bien estos vehículos no emiten gases contaminantes al circular, su producción, y en especial la de sus baterías, conlleva una gran huella ambiental. La extracción de níquel, litio y cobalto implica procesos intensivos en energía, muchas veces alimentados por centrales térmicas de carbón, como ocurre en las plantas de fundición de Harita, que solo en 2023 fueron responsables de cerca del 1% de las emisiones de carbono de toda Indonesia.
¿Quién paga el precio de la sostenibilidad?
Esta situación plantea una contradicción dolorosa: mientras en países ricos se promueve el uso de vehículos eléctricos como símbolo de progreso ambiental, las comunidades en zonas mineras enfrentan las consecuencias. A menudo se trata de poblaciones rurales con escasa capacidad de respuesta frente a gigantes industriales.
Es como si estuviéramos limpiando nuestra casa lanzando la basura al jardín del vecino. La contaminación no desaparece, simplemente se redistribuye. En este caso, desde las calles de ciudades occidentales que reducen su smog, hasta los ríos de una isla indonesia que pierden su pureza.
La responsabilidad de la industria y los consumidores
Si bien las empresas mineras tienen una responsabilidad directa, no son las únicas que deben rendir cuentas. Los fabricantes de automóviles eléctricos, que se benefician de estos minerales, también deben exigir trazabilidad y sostenibilidad en sus cadenas de suministro.
Lo mismo ocurre con los consumidores. Aunque individualmente no podamos fiscalizar una mina en Indonesia, sí podemos informarnos y elegir marcas que demuestren un compromiso genuino con la transparencia ambiental. Existen sellos y auditorías que certifican prácticas responsables en la extracción de materias primas, aunque su implementación aún es limitada.
Este caso debería ser un llamado de atención: la transición energética no puede construirse sobre injusticias ambientales. Apostar por la electromovilidad debe incluir no solo la reducción de emisiones urbanas, sino también un proceso limpio y ético desde la extracción hasta el reciclaje.
Una solución sería fomentar el desarrollo de tecnologías de reciclaje de baterías, que reduzcan la dependencia de la minería primaria. También se puede invertir en investigación de materiales alternativos menos contaminantes. Finalmente, se requiere de un mayor control gubernamental y presión internacional para evitar que las grandes corporaciones operen con total impunidad en países con menor capacidad regulatoria.
Como ciudadanos del mundo interconectado, no podemos conformarnos con cambiar el tipo de coche que conducimos. Debemos cuestionar todo el ciclo de vida de lo que consumimos y exigir cambios reales desde el origen.