Los stingrays —dispositivos que imitan torres de telefonía móvil para interceptar datos de teléfonos cercanos— llevan décadas usándose en investigaciones criminales. Lo que ha revelado una investigación de Wired, recogida por InfosecToday este 12 de octubre de 2026, es cualitativamente diferente: investigadores federales solicitaron usar stingrays para localizar a periodistas que cubrían protestas anti-ICE en 2025, y en al menos dos casos obtuvieron las órdenes judiciales necesarias para hacerlo.
El caso concreto: Jerome Richardson, productor de televisión de la Temple University de Filadelfia, cubrió una protesta en Minneapolis contra una redada de ICE en noviembre de 2025. Richardson fue identificado como posible fuente de información en una investigación de inmigración irregular, y los agentes del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) solicitaron warrants para rastrear su localización usando stingrays. 39 personas fueron detenidas en esa operación.
¿Cuáles fueron los límites legales que pusieron freno a la operación?
El dato más revelador de la investigación es que los magistrados rechazaron 5 de las 8 órdenes solicitadas para usar stingrays contra periodistas y personas en el perímetro de la protesta. Los jueces argumentaron que el uso de stingrays contra periodistas en ejercicio de sus funciones viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.
Las 3 órdenes que sí fueron aprobadas afectaron a personas que los agentes argumentaron tenían conexión directa con la organización de la protesta, no solo su cobertura. Pero la distinción es frágil: en una concentración, la diferencia entre «organizador» y «periodista documentando organizadores» es exactamente lo que el secreto de la fuente periodística está diseñado para proteger.
Las 92 citaciones aduaneras (customs summonses) que el DHS emitió en paralelo para obtener registros de llamadas y datos de localización de operadoras telefónicas son el otro flanco legal. A diferencia de los stingrays, que requieren una orden judicial específica, las citaciones aduaneras tienen un estándar probatorio más bajo y se usaron masivamente para construir el mapa de relaciones entre los manifestantes.
Por qué este caso importa más allá del debate sobre stingrays
Llevo cubriendo privacidad digital y vigilancia desde 2013, cuando las revelaciones de Snowden pusieron los programas de vigilancia masiva en el centro del debate público. Lo que cambia con este caso no es la tecnología —los stingrays son conocidos desde los años noventa— sino el objeto de vigilancia: periodistas en activo, no sospechosos de delitos.
La Electronic Frontier Foundation, que ha documentado el caso con detalle, argumenta que la utilización de stingrays contra la prensa tiene un efecto disuasorio que va más allá de los individuos afectados. Si los periodistas saben que cubrir protestas expone su localización y sus fuentes a rastreo federal, la cobertura de movimientos de derechos civiles se vuelve más arriesgada, lo que limita el periodismo en interés público.
El precedente legal establecido por los 5 magistrados que rechazaron las órdenes es más importante que los 3 que las aprobaron. Pero la existencia de esas 3 órdenes aprobadas —y de 92 citaciones que no requerían aprobación judicial— confirma que el uso de herramientas de vigilancia contra periodistas en EE.UU. no es una posibilidad teórica sino una práctica documentada.
La guía sobre cómo detectar phishing y proteger la comunicación digital y el uso de gestores de contraseñas son medidas básicas, pero insuficientes frente a un adversario con acceso a infraestructura de telecomunicaciones. Para periodistas que cubren protestas en EE.UU., la recomendación práctica es operar con teléfonos sin SIM en concentraciones y cifrar todas las comunicaciones con fuentes mediante Signal o Briar.