Apple se enfrenta a una demanda de 2.000 millones de libras en el Reino Unido por tratar el seguimiento publicitario con un rasero distinto para sus propios productos

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Apple se enfrenta a una demanda de 2.000 millones de libras en el Reino Unido por tratar el seguimiento publicitario con un rasero distinto para sus propios productos

La empresa que diseñó la interfaz de privacidad más reconocible del móvil se sienta ahora al otro lado de la mesa. Apple se enfrenta en Londres a una demanda de 2.000 millones de libras (unos 2.700 millones de dólares) ante el Competition Appeal Tribunal del Reino Unido, presentada por Ann Pope, ex alta funcionaria de la Autoridad de Competencia y Mercados. La demanda representa a desarrolladores de aplicaciones del Reino Unido y el argumento central es de asimetría: Apple obliga a terceros a pedir permiso explícito antes de rastrear a los usuarios, mientras que su propia operación publicitaria recopila datos comparables sin pasar por el mismo proceso.

El mecanismo que hace posible este tipo de demanda es el régimen colectivo del CAT. Al funcionar como un proceso opt-out, la clase incluye automáticamente a todos los desarrolladores que cumplen los criterios, salvo que decidan salirse activamente. Así se agrega una demanda de este tamaño a partir de empresas individuales que jamás litigarían por sí solas.

¿Qué dice exactamente que hace Apple de forma desigual?

La demanda no cuestiona la privacidad del usuario como principio. Lo que cuestiona es la aplicación del principio. El argumento tiene dos partes. La primera: App Tracking Transparency (ATT), que llegó a iOS en 2021 con el famoso diálogo emergente «¿Permitir rastreo?», exige que cualquier desarrollador obtenga consentimiento explícito antes de rastrear a un usuario entre aplicaciones o sitios web de otras empresas. La segunda: el negocio publicitario propio de Apple —que creció significativamente en los mismos años en que ATT recortaba el acceso a datos de los competidores— recopila datos del comportamiento de los usuarios dentro de sus propias apps sin el mismo proceso de consentimiento.

El perjuicio que describen los desarrolladores es principalmente de medición. Sin un identificador cruzado entre apps, un desarrollador no puede rastrear fácilmente qué anuncio produjo un cliente de pago. Un anunciante que no puede atribuir una venta acaba pagando más para conseguirla. Los cuatro países europeos que ya han examinado la misma conducta llegaron a conclusiones que señalaban en la misma dirección: Francia impuso una multa de 150 millones de euros en 2025, Italia sancionó a la empresa en diciembre, Alemania obtuvo un cambio de diseño del consentimiento a través de la autoridad de competencia, y Polonia tiene una investigación activa.

La disputa de Apple con Epic, que lleva seis años sin acuerdo y en la que el Tribunal de Competencia ya falló que Apple violó la ley de competencia desleal de California, corre en paralelo a esta demanda aunque gira sobre las comisiones del App Store más que sobre el seguimiento publicitario. Son dos teorías de daño distintas aplicadas a la misma empresa en el mismo tribunal. En octubre del año pasado, el CAT ya encontró que Apple abusó de su posición dominante entre 2015 y 2020 al cobrar de más a los desarrolladores —caso valorado en unos 1.500 millones de libras, que Apple está apelando—. Google prefirió no descubrirlo: llegó a un acuerdo de 260 millones de libras en la acción colectiva sobre tarifas de la Play Store en lugar de arriesgarse al fallo.

La DMA europea ya obligó a Apple a permitir que los usuarios europeos pudieran prescindir de la App Store, y ese patrón de concesiones bajo presión regulatoria es precisamente el que los demandantes en Londres van a usar para argumentar que lo que Apple dice que es necesario para la privacidad tiene en realidad un diseño selectivo que favorece su negocio publicitario.

Qué dice Apple y qué no dice todavía

La posición pública de Apple no ha cambiado. La empresa dice que ATT entrega «protecciones de privacidad importantes» para los usuarios y no ha comentado la demanda concretamente. Es el argumento que los reguladores europeos no han simplemente aceptado como válido, y es el mismo que un tribunal del Reino Unido ahora tendrá que evaluar. La demanda todavía tiene que pasar la fase de certificación antes de seguir adelante. Apple impugnará esa fase y la definición de la clase y el método para calcular las pérdidas de los desarrolladores están ambos por discutirse.

Lo que sí queda claro en este momento es el coste acumulado de la asimetría de datos que ATT creó. Entender qué rastreadores actúan en cada aplicación y plataforma que usamos es relevante para los usuarios. Para los desarrolladores que vendían publicidad dirigida y cuyos ingresos se contrajeron mientras el negocio de anuncios de Apple crecía, la asimetría tiene un precio concreto que este tribunal ahora va a intentar calcular.

En wwwhatsnew.com llevamos años cubriendo la evolución regulatoria de Apple en Europa y en los tribunales anglosajones, y la característica más llamativa de esta demanda es quién la presenta: una exreguladora de competencia, no un despacho de abogados de daños. El perfil de Ann Pope añade credibilidad técnica a la acción y señala que la teoría del daño no nació como especulación jurídica sino como análisis de mercado. Si el CAT certifica la clase, el descubrimiento de pruebas podría revelar cómo Apple diseñó internamente la asimetría de datos. Eso sería más informativo sobre el negocio publicitario de Apple que cualquier presentación pública que la empresa haya hecho.

El mecanismo de opt-out del Competition Appeal Tribunal del Reino Unido significa que todos los desarrolladores que cumplan la definición de la clase quedan cubiertos automáticamente. Eso amplía enormemente el potencial de daños comparado con las acciones opt-in, donde cada demandante tiene que inscribirse activamente. Ann Pope y su equipo ahora tienen que convencer al CAT de que la clase de desarrolladores es suficientemente homogénea y que el daño es suficientemente cuantificable para proceder.

La regulación alemana intervino directamente en agosto de 2026 cuando la Bundeskartellamt concluyó que Apple mostraba prompts más favorables para su propia publicidad que para la de terceros, obligando a la empresa a igualar las condiciones. La demanda del Reino Unido usa ese fallo europeo como evidencia de que el problema es sistémico. El movimiento de los agentes de IA dentro del App Store que Apple presentó en WWDC 2026 añade otro frente regulatorio: ¿bajo qué condiciones puede Apple dar acceso preferencial a sus propios agentes frente a los de terceros? El CAT del Reino Unido tendrá contexto abundante para evaluar si el patrón de conducta de Apple es sistemático o puntual. Entender cómo funciona el rastreo digital es el primer paso para evaluar si el ATT ofrece protección real o ilusoria.