Hay más de 80.000 cámaras de Flock Safety instaladas en ciudades, barrios y carreteras de EEUU. Funcionan 24 horas, todos los días. Fotografían el trasero de cada coche que pasa, registran la matrícula, identifican la marca, el modelo, el color y características únicas como abolladuras, pegatinas o portabicicletas. Esa información, junto con la ubicación exacta y la hora del paso, va a una base de datos nacional accesible por cualquier departamento de policía con contrato de Flock en cualquier estado. Lo investiga el New York Times con dos reportajes publicados el 10 de agosto de 2026.
El resultado es lo que la empresa misma llama un «vehicle fingerprint» — una huella digital del coche, no de la persona que lo conduce. Aunque la distinción es cada vez más difícil de sostener.
El caso concreto: un veterano rastreado 526 veces en cuatro meses
El caso que ancla el reportaje del New York Times es el de Lee Schmidt, un veterano retirado que vive en Norfolk, Virginia. Schmidt presentó una demanda — junto con un coplaintiff y una organización legal sin ánimo de lucro — contra el departamento de policía de Norfolk por el uso de las cámaras Flock.
Los documentos del juicio revelan que, entre el 19 de febrero y el 2 de julio de este año, 176 cámaras Flock en Norfolk registraron la ubicación de Schmidt 526 veces. Eso es una media de más de cuatro registros al día, durante cuatro meses.
Norfolk contrató con Flock Safety por 2,2 millones de dólares hasta finales de 2027.
«Es un número absurdamente alto. Fue un shock», dijo Schmidt al Times.
Qué es Flock Safety y cómo funciona la red
Flock Safety fue fundada en 2017 en Atlanta. Tiene una valoración de 7.500 millones de dólares y más de 6.000 clientes en todos los estados de EEUU excepto Alaska. No solo vende cámaras de lectura automática de matrículas (ALPR): también ofrece drones, detectores de disparos de audio y cámaras corporales para agentes, todo integrado en una plataforma de software con bases de datos consultables.
La mecánica es simple y por eso es poderosa: las cámaras fotografían automáticamente todos los vehículos que pasan, sin discriminación. Los datos se suben a la nube de Flock en tiempo real. Cualquier departamento de policía cliente puede consultar la base de datos como si fuera un buscador, cruzando datos de distintas ciudades y estados. La retención predeterminada es de 30 días, aunque las autoridades locales pueden extenderlo si la legislación estatal lo permite.
El CEO de Flock, Garrett Langley, ha sido directo sobre la lógica del sistema en una entrevista reciente: «Para que esos datos históricos tengan valor de investigación, hay que rastrear todos los coches.»
Menos del 1% de las matrículas escaneadas por Flock tienen relación con alguna actividad criminal, según datos citados por la ACLU. El sistema registra los movimientos del 99% de vehículos inocentes para poder consultar el 1% cuando resulte relevante en alguna investigación futura.
Los usos que han generado controversia
Las cámaras Flock se presentaron inicialmente como herramienta para resolver robos de coches, atropellos con fuga y crímenes donde los vehículos son una pista. La promesa era atractiva y la adopción fue masiva.
Pero la capacidad técnica del sistema supera los casos de uso que se comunicaron inicialmente. Entre los usos reportados por periodistas y organizaciones civiles:
Acceso de ICE (la agencia de inmigración de EEUU) a la base de datos nacional de Flock para localizar vehículos de personas bajo procesos de deportación. Los usuarios de Flock incluyen departamentos de policía que han compartido acceso con agencias federales en el contexto de las políticas de deportación de la administración Trump.
Casos de policías usando el sistema para stalkear ex-parejas y compañeros: la plataforma de Flock registra qué agentes han consultado qué matrículas, lo que en teoría permite auditar el uso, pero en la práctica las auditorías requieren voluntad institucional que no siempre existe.
La ACLU presentó en abril de 2026 un amicus brief ante el cuarto circuito federal argumentando que el sistema de ALPR de Flock, al crear un registro persistente de los movimientos de todos los vehículos, viola las expectativas de privacidad protegidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución americana. En mayo, una enmienda bipartidista al proyecto de financiación de carreteras federales que habría prohibido el uso de ALPR excepto para peaje fue rechazada en el Congreso.
La respuesta ciudadana: destruir las cámaras
Ante la ausencia de acción legislativa, una parte de la ciudadanía ha optado por la respuesta directa: destruir las cámaras. A lo largo de los últimos meses, se han reportado en múltiples ciudades actos de vandalismo contra instalaciones de Flock — cámaras arrancadas, pintadas, cubiertas con pintura en aerosol. En Houston, Texas, hay fotografías de varias cámaras vandalizadas que circularon ampliamente en redes sociales.
La ACLU ha creado una campaña activa titulada «Get the Flock Out» dirigida a comunidades locales que quieran que sus ayuntamientos rechacen o terminen contratos con Flock.
La polémica tiene una analogía cercana. Meta fue noticia en 2025 por retomar el reconocimiento facial en sus gafas inteligentes Ray-Ban, y Apple está gestionando las implicaciones de privacidad de sus gafas inteligentes previstas para 2027. En ambos casos, la capacidad técnica de identificar personas a través de imágenes ha generado los mismos debates sobre consentimiento y vigilancia masiva. Flock es la versión fija y estacionaria del mismo problema.
Mi valoración
Lo que más me convence del argumento de la ACLU es el razonamiento de la Cuarta Enmienda. En EEUU, el Tribunal Supremo estableció en el caso Carpenter v. United States (2018) que el registro persistente de la ubicación de una persona a lo largo del tiempo convierte los datos agregados en algo cualitativamente diferente a cada registro individual. 526 registros en cuatro meses de un ciudadano no sospechoso son exactamente ese tipo de datos persistentes.
Lo que más me preocupa es la escala irreversible. Con 80.000 cámaras ya instaladas y 6.000 clientes con contratos activos, desmantelar la red de Flock — aunque los tribunales lo ordenaran — requeriría una decisión política que no parece inminente. La base de datos ya existe. Los datos ya se han acumulado. La pregunta no es si crear esta infraestructura fue una buena idea: es qué se hace con ella ahora que existe.