La Orden Ejecutiva 14365, titulada Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence, nace con una idea sencilla de explicar y difícil de ejecutar: que el sector de la inteligencia artificial no tenga que navegar por un mosaico de normas distintas en cada estado. Si lo pensamos como un viaje por carretera, la Casa Blanca describe el panorama actual como una autopista en la que cada frontera estatal cambia los límites de velocidad, el tipo de peaje y hasta las señales. Ese “cambio constante de normas” es, según el texto de la orden, un freno para la innovación, especialmente para start-ups con menos recursos legales.
El contexto es importante: Estados Unidos no tiene todavía una ley federal integral de regulación de IA, y los estados han ocupado ese espacio con normas propias para temas como protección de menores, límites al reconocimiento facial o medidas contra la discriminación. Un dato que se repite en los análisis jurídicos es que no se trata de 50 regímenes idénticos a un “tablero completo”, sino de un número ligeramente inferior; el seguimiento de despachos como Orrick contabiliza 48 leyes estatales relacionadas con IA en el momento descrito por las fuentes citadas en el documento base.
BEAD: el dinero de banda ancha como palanca política
La parte más llamativa de esta orden no es solo el mensaje, sino la herramienta elegida. El Gobierno plantea condicionar el acceso a fondos federales de conectividad a la postura regulatoria de cada estado sobre IA. En el centro está el programa BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment), creado para financiar despliegues de banda ancha bajo la Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) aprobada en 2021. El documento que aportas sitúa la cifra clave en 21.000 millones de dólares todavía sin desplegar, ya asignados a los estados pero pendientes de ejecución.
Según el análisis de Phillips Lytle, en 2025 la NTIA (agencia del Departamento de Comercio) revisó el enfoque de adjudicación con un proceso de “rebidding” y un programa denominado Benefit of the Bargain, que habría ampliado la participación de proveedores satelitales en zonas inicialmente pensadas para fibra. En ese escenario, la “bolsa” de fondos no desplegados se convierte en una palanca: la orden pretende usarla para empujar a los estados a retirar normas que el Ejecutivo considere demasiado exigentes.
Qué significa “onerosa” y por qué el foco está en la “discriminación algorítmica”
La orden pivota sobre una etiqueta: “onerous” (onerosa, gravosa). La Casa Blanca encarga al Departamento de Justicia (DOJ) identificar qué leyes estatales entran en esa categoría. El texto, tal y como lo recoge el informe legal, apunta a varios criterios: normas que, a juicio federal, obstaculicen el liderazgo estadounidense en IA, que “alteren salidas veraces” de los modelos o que resulten incompatibles con la Constitución.
Aquí aparece uno de los puntos más controvertidos: la orden sugiere que ciertas leyes contra la discriminación algorítmica podrían obligar a un modelo a “falsear” resultados para evitar impactos desiguales sobre grupos protegidos. En el documento se menciona expresamente un ejemplo asociado a Colorado. Este enfoque choca con la razón de ser de muchas regulaciones estatales, que buscan precisamente evitar que un sistema automatizado reproduzca sesgos históricos, como si una calculadora “aprendiera” a redondear siempre a favor de unos y en contra de otros.
El mecanismo: presión financiera, litigios y estándares federales
La orden describe una arquitectura de actuación que mezcla financiación, litigio y regulación sectorial. El elemento judicial es la creación de una AI Litigation Task Force dentro del DOJ, con participación de perfiles de alto nivel del Ejecutivo y asesores presidenciales. Su misión sería impugnar leyes estatales consideradas incompatibles con la política federal definida en la propia orden.
En paralelo, se fija un calendario: el informe que listaría las leyes “onerous” debería publicarse antes del 11 de marzo de 2026, fecha que funciona como un punto de inflexión para estados y empresas, porque orientaría qué normas quedan bajo presión.
El brazo financiero se canaliza a través de la NTIA, que debería emitir un aviso de política para declarar a determinados estados no elegibles para los fondos BEAD no desplegados si mantienen normas consideradas gravosas. El texto también contempla extender la presión más allá de BEAD, instando a agencias federales a retener subvenciones discrecionales y exigir acuerdos por los que el estado se comprometa a no aplicar ciertas leyes durante la vigencia del proyecto financiado.
Como complemento, la orden empuja a reguladores independientes hacia el terreno de la IA. La FCC recibiría el mandato de abrir un procedimiento para estudiar un estándar federal de reporting y disclosure de modelos de IA con potencial efecto de preeminencia frente a normas estatales. La FTC, por su parte, debería pronunciarse sobre cómo encaja la prohibición de prácticas “desleales o engañosas” del FTC Act cuando una ley estatal obligue, según el planteamiento de la orden, a modificar “salidas veraces” de un modelo. Es una tensión curiosa: el FTC Act se aplica típicamente a empresas, mientras que aquí se intenta proyectar esa lógica hacia el impacto de leyes estatales sobre el comportamiento del software.
El choque constitucional: supremacía, coerción y comercio interestatal
En Estados Unidos, la cláusula de supremacía establece que la preeminencia federal frente al derecho estatal depende de leyes y tratados, no de una orden ejecutiva por sí sola. Por eso, el análisis legal anticipa litigios. No porque sea extraño que un presidente marque orientación política, sino porque el método elegido se parece a una negociación con “dinero en la mesa” para que los estados cambien su legislación.
La comparación jurídica que aparece en el texto es directa: NFIB v. Sebelius (2012), el caso en el que el Tribunal Supremo consideró inconstitucionalmente coercitivo condicionar fondos federales de Medicaid a la expansión del programa por parte de los estados. La analogía aquí sería que retirar fondos de conectividad ya autorizados por el Congreso puede interpretarse como presión excesiva para forzar cambios regulatorios.
Hay otra vía de conflicto que la orden menciona: la Dormant Commerce Clause, una doctrina que limita a los estados cuando legislan de forma que afecte al comercio interestatal incluso si no hay una ley federal que lo ocupe. En términos cotidianos, sería como si un estado intentara imponer reglas a productos que se venden y operan en todo el país, afectando a empresas y usuarios fuera de sus fronteras. La orden sugiere que el DOJ podría marcar como “onerosa” una norma estatal si se considera que regula “más allá” del estado.
Qué puede cambiar para empresas, consumidores y despliegues de conectividad
Para las empresas de IA, un marco más uniforme puede reducir costes de cumplimiento, sobre todo para quienes no tienen un equipo legal capaz de adaptar contratos, auditorías y documentación a decenas de requisitos diferentes. Es el argumento central de la orden: menos fricción, más velocidad. El riesgo está en el otro lado de la balanza: si el incentivo financiero empuja a desactivar leyes estatales de protección, el control de daños queda más difuso, y los consumidores podrían depender de mecanismos federales que aún no existen como ley integral.
Para los estados, el dilema se parece a elegir entre dos necesidades que compiten: mantener normas que consideran esenciales para proteger a su población o garantizar fondos para infraestructura digital, que también es una política pública crítica. Para el despliegue de banda ancha, la incertidumbre es un factor real: cuando una financiación se convierte en herramienta de presión, los plazos de obra, las licitaciones y la planificación técnica pueden quedar en suspenso, como una reforma del hogar en la que el presupuesto depende de firmar una cláusula nueva a mitad del proyecto.
Un tablero en movimiento hasta marzo de 2026
El tramo clave es el que conduce al informe previsto para el 11 de marzo de 2026. Hasta esa fecha, los estados, los fiscales generales y los legisladores locales tienen margen para posicionarse, negociar o prepararse para litigar. El documento recuerda que, cuando circuló un borrador en noviembre de 2025, figuras como el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, y el senador estatal de California, Scott Weiner, habían deslizado la posibilidad de demandar si la orden se materializaba. Medios como Associated Press también han seguido el tema desde el primer día, señalando las dudas sobre rendición de cuentas y los potenciales impactos en protección al consumidor.
Lo que queda claro es que esta orden ejecutiva intenta llenar un vacío legislativo federal con instrumentos indirectos. Es una apuesta por construir un “carril central” para la IA usando el arcén de la financiación pública. Si se sostiene o se desinfla en tribunales dependerá de cómo se interpreten los límites entre orientación federal, autonomía estatal y uso de fondos aprobados por el Congreso.