El empadronamiento en España se ha convertido en un campo de batalla para numerosas personas que buscan acceder a servicios básicos y derechos. En Cataluña, este proceso ha desvelado una serie de abusos y desafíos particulares que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables, incluidos los inmigrantes y aquellos en situaciones de vivienda precaria.
Basta con acceder a grupos de habitaciones compartidas para encontrar mensajes como éste:
Ya lo decía elperiodico en 2019: en muchos lugares algunas personas han encontrado una manera de lucrarse a través del empadronamiento. Cobran a individuos por registrarlos en sus domicilios, aunque estos realmente residan en otros lugares. Esta práctica no solo constituye un delito de falsedad documental, sino que también muestra las desesperadas medidas que algunas personas están dispuestas a tomar para acceder a servicios esenciales.
Los inmigrantes y personas sin hogar representan el grupo más vulnerable en esta ecuación. El empadronamiento es crucial para ellos, ya que permite acceder a la sanidad, educación y otros derechos sociales. Sin embargo, su necesidad los convierte en blancos fáciles para quienes buscan explotar su situación a cambio de dinero.
Frente a esta situación, algunas ciudades han buscado soluciones. Barcelona ha implementado el concepto de padrón sin domicilio fijo, permitiendo a las personas empadronarse incluso si no pueden proporcionar una dirección fija. Esta política ha incrementado las inscripciones bajo esta modalidad en un 250% desde 2016. Este modelo de Barcelona podría ser un ejemplo a seguir, proponiendo una forma más inclusiva y justa de gestionar el empadronamiento, pero mucha gente no sabe que eso es posible, por lo que siguen siendo blanco de quienes se quieren aprovechar de ellos.
Es evidente que el sistema actual requiere una reforma integral que vaya más allá de medidas aisladas. Entidades como Cáritas y diferentes grupos de derechos humanos han estado abogando por una revisión de las políticas de empadronamiento para asegurar que este derecho fundamental no se convierta en un privilegio o un producto comercializable. La adopción de un sistema similar al de Barcelona en otras ciudades catalanas y españolas podría mitigar significativamente el problema.