Deducciones en el IRPF por estafas a través de móviles

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Es esencial mantenerse al día con las novedades en el ámbito fiscal, especialmente aquellas que afectan a los ciudadanos en su interacción con la tecnología. Recientemente, la Dirección General de Tributos (DGT) de España ha introducido una medida que permite a los contribuyentes deducir en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las pérdidas sufridas por estafas realizadas a través del teléfono móvil. Este cambio representa un importante reconocimiento de los desafíos que la era digital impone a los contribuyentes.

La clave de esta nueva medida es la justificación de la pérdida patrimonial. La DGT establece que cualquier cantidad perdida por engaño o estafa puede considerarse una pérdida patrimonial, pero solo tendrá un impacto en el IRPF si se justifica adecuadamente. Esto implica que el afectado debe proporcionar pruebas convincentes de la estafa para que sea considerada en su declaración de impuestos.

El origen de esta medida surge de un caso particular en el que un ciudadano fue víctima de una estafa por suplantación de identidad a través de su móvil. Creyendo estar ayudando a su hija, realizó varias transferencias que resultaron ser fraudulentas. Tras darse cuenta del engaño, procedió a denunciar el caso, lo que llevó a la consulta vinculante ante la DGT.

La DGT especifica que los contribuyentes pueden compensar hasta el 25% del saldo positivo de sus rentas (como salarios, pensiones, alquileres) en su declaración de IRPF. Por ejemplo, si alguien tiene una renta anual de 100.000 euros y sufre una pérdida de 50.000 euros debido a una estafa, podrá deducir 25.000 euros en su declaración. Para compensar el resto, deberá esperar a futuras declaraciones, durante un máximo de cuatro años.

Esta decisión de la DGT refleja un paso significativo en el reconocimiento de las realidades del mundo digital en la legislación fiscal. Al permitir estas deducciones, se muestra una adaptación a los nuevos tipos de delitos, como las estafas online, y se ofrece una cierta protección a los ciudadanos frente a estos riesgos emergentes.

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