Prácticamente ninguna red social de uso masivo está libre de los popularmente denominados “trolls”, aquellos usuarios que irrumpen en estos espacios con prácticas que van desde bromas molestas y simples, hasta delicados casos de acoso.
El Primer Ministro de Australia presentó una iniciativa para legislar en torno a este tema, estableciendo sobre las compañías de redes sociales la obligación de revelar la identidad de usuarios anónimos, para facilitar la toma de medidas frente a estos casos de hostigamiento en línea.
Australia trabaja en una ley que irá en defensa de las víctimas de “troleos” anónimos en la red
Scott Morrison, Primer Ministro de Australia, dio a conocer la iniciativa gubernamental de generar un texto legal que proteja a las víctimas de acoso anónimo en línea. Un primer borrador de esta norma será presentado durante esta semana y se proyecta su presentación en el congreso para comienzos de 2022.
De acuerdo a lo señalado por la autoridad australiana, esta propuesta tiene como propósito cerrar la brecha que hoy existe entre la vida real y los espacios digitales de interacción social. «Las reglas que existen en el mundo real deben existir en el mundo digital y en línea», señaló Morrison, según reporta ABC News Australia. «El mundo en línea no debería ser un salvaje oeste, donde los bots, los intolerantes, los trolls y otros puedan ir anónimamente y dañar a las personas y lastimar a las personas», agregó.
De acuerdo con la propuesta de ley, las empresas de redes sociales deberán contar con un protocolo para recibir quejas de las personas que se sientan víctimas de difamación.
En una primera instancia, se solicitará al acusado remover la publicación en cuestión. Si rechaza este requerimiento, el reclamante puede pedir a la red social los datos personales del acusado, para iniciar acciones legales. No se señaló con exactitud cuáles serían los datos que las empresas podrían facilitar, pero se presume que contemplarían el nombre real del usuario, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono.
La persona acusada puede hacer valer su derecho de no divulgar sus datos personales. No obstante, el acusante podría de todas formas solicitar una orden judicial que exija la liberación de estos datos, siempre que un juzgado determine que la causa amerita mayor investigación.
Un aspecto interesante de esta propuesta es que en caso de volverse ley, su aplicación sería retroactiva. Al menos dentro del territorio australiano, las redes sociales tendrán que actualizar sus términos de servicio para ajustarse a esta norma y así poder aplicarla a nivel general, sin limitarse a las nuevas cuentas que se registren.
Otro elemento llamativo de esta iniciativa es que en base a la experiencia que se conozca desde Australia, otros países podrían animarse a legislar al respecto. Incluso, de manera anticipada, las redes sociales podrían adoptar de manera autónoma medidas de esta categoría, adelantándose a eventuales exigencias futuras.