Desde que Edward Snowden desvelase en el verano de 2013 documentos secretos acerca de los programas de espionaje de la NSA, a lo largo de todo este tiempo ha ido creciendo la importancia de la seguridad y la privacidad de las comunicaciones de los usuarios, aunque a pesar de ello, siguen apareciendo nuevos frentes a los que desde las organizaciones pro-privacidad deben combatir, siendo uno de los últimos en aparecer el nuevo proyecto de ley de vigilancia de las comunicaciones que el Gobierno de Cameron quiere llevar a cabo y por el cual, entre otras medidas, recoge que los operadores de servicios de telecomunicaciones del país (Reino Unido) deberán guardar durante todo un año la actividad de sus usuarios, incluyendo los servicios visitados y las aplicaciones que se utilicen para conectarse desde cualquier dispositivo, así como sus respectivas horas.
Pero este proyecto de ley va más allá y también recoge la posibilidad de que el Estado pueda hackear dispositivos como puedan ser ordenadores y teléfonos móviles al objeto de poder recopilar el mayor número de datos posibles conforme vayan estando disponible en Internet para hacer frente a crímenes y delitos de terrorismo.
La propia ley, actualmente en fase de borrador, recoge además otras medidas con el que pretende ofrecer una serie de garantías, entre las que se encuentran que la policía no pueda acceder a las fuentes periodísticas salvo orden judicial, la prevención de la vigilancia de las comunicaciones de los parlamentarios o la potestad que se otorgan a los jueces para bloquear operaciones de espionaje autorizados por el Ministerio del Interior, entre otros.
Como era de esperar, las criticas al nuevo proyecto de ley, que todavía tiene que pasar por ambas cámaras, han llegado desde diferentes frentes, entre ellos, desde el director de la campaña por los derechos civiles de la libertad, Shami Chakrabarti, que considera la nueva ley como «un ataque impresionante en la seguridad de Internet de cada hombre, mujer y niño en nuestro país». Por el otro lado, desde los servicios de seguridad tratan de incidir que la obtención de grandes cantidades de datos permitirá rastrear a terroristas o delincuentes extranjeros sospechosos que puedan ser considerados como una amenaza para el Reino Unido. Se puntualiza además que las autoridades no podrán acceder al historial de toda la navegación, sólo a los «datos básicos».
En cualquier caso, como señala la BBC en su informe, de salir adelante este proyecto de ley, el coste para los usuarios y empresas sería de unos 247 millones de libras a lo largo de los próximos 10 años.