El 22 de mayo de 2026, Google presentó formalmente su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de D.C., pidiendo al tribunal que revoque la sentencia que declaró ilegal su monopolio en búsqueda online. Al mismo tiempo, la compañía solicitó que se suspendieran las medidas correctivas ordenadas por el juez mientras dura el proceso de apelación. Lo reporta el New York Times el mismo día del depósito del recurso.
El caso es uno de los más complejos en la historia del derecho antimonopolio tecnológico y tiene una cronología que ya supera los seis años: la demanda del Departamento de Justicia (DOJ) se presentó en 2020, el juicio de fondo comenzó en septiembre de 2023, el juez Amit P. Mehta dictó sentencia en agosto de 2024 declarando a Google monopolista ilegal en búsqueda online, los remedios se fijaron en septiembre de 2025 —más suaves de lo que pedía el DOJ— y el fallo final quedó formalizado en diciembre de 2025. Ahora Google lo lleva al tribunal superior.
Qué dijo el juez Mehta y qué pide Google que se revoque
La sentencia de agosto de 2024 fue clara: Google violó la Sección 2 de la Ley Sherman (la ley antimonopolio fundamental de EE.UU.) al firmar contratos exclusivos con fabricantes de dispositivos y navegadores —el más conocido es el acuerdo con Apple que convierte a Google en el buscador por defecto en iPhone y Safari— para mantener artificialmente su posición dominante en búsqueda. Google controla aproximadamente el 90% del mercado de búsqueda en Estados Unidos.
Las medidas correctivas que Mehta fijó en septiembre de 2025 fueron significativamente más moderadas que las pedidas por el DOJ: no ordenó la venta de Chrome —que el DOJ pedía explícitamente— sino principalmente que Google comparta datos de búsqueda con competidores. Eso ya supone un problema serio para Google, porque sus datos de búsqueda —décadas de señales de comportamiento de usuarios— son parte fundamental de su ventaja competitiva frente a rivales como Bing, DuckDuckGo o Perplexity.
El recurso de Google argumenta que el juez Mehta «malinterpretó la ley antimonopolio» y «se extralimitó en sus remedios», y que la conducta de Google fue legal y su posición dominante fue ganada a través de la innovación, no de prácticas ilegales. También alega que el contexto competitivo ha cambiado radicalmente desde que se presentó la demanda: la IA ha creado nuevos tipos de búsqueda —ChatGPT, Perplexity, los AI Overviews del propio Google— que hacen cuestionable la categorización de «monopolio en búsqueda» como concepto estático.
El DOJ también apela, pero en sentido opuesto
La complejidad del caso viene también por el otro lado: el DOJ y 35 estados co-demandantes presentaron en febrero de 2026 su propio recurso cruzado, pidiendo remedios más severos que los que ordenó Mehta. El DOJ sigue queriendo que Google venda Chrome y que se impongan restricciones que impidan a la compañía usar su sistema operativo Android y su tienda de apps para impulsar su motor de búsqueda.
Esto crea una situación inusual en la que el mismo fallo está siendo apelado por ambas partes en direcciones opuestas: Google pide que se anule la condena, el DOJ pide que los remedios sean más duros. El Circuito de D.C. tendrá que resolver ambos recursos.
Analistas de Morgan Stanley estimaron en febrero de 2026 que si el tribunal ordenara finalmente las pantallas de elección de buscador predeterminado —una de las medidas que el DOJ ha pedido pero Mehta no ordenó—, Google podría perder entre el 5% y el 8% de su cuota de búsqueda en tres años, lo que equivale a entre 15.000 y 25.000 millones de dólares anuales de ingresos publicitarios en riesgo.
El debate sobre si Google podría ser dividido como empresa abrió una discusión que en 2024 parecía hipotética y que ahora tiene forma legal concreta. Las implicaciones del fin del monopolio de búsqueda para el futuro de internet incluyen consecuencias para la publicidad digital, el desarrollo de IA y el acceso a datos que van más allá de la búsqueda en sentido estricto. La pregunta de si Google Gemini puede convertirse en el próximo monopolio de la IA es la continuación natural de este proceso: si los reguladores no pueden usar los remedios del caso de búsqueda para controlar la distribución de Gemini, necesitarán instrumentos nuevos.
El contexto de IA complica el caso en ambas direcciones
Uno de los argumentos más interesantes de Google en su apelación es que el paisaje competitivo ha cambiado desde que se presentó la demanda en 2020. En 2020, «buscar en internet» era sinónimo de «ir a Google». En 2026, millones de usuarios obtienen respuestas de ChatGPT, Perplexity, Claude o los propios AI Overviews de Google sin hacer una búsqueda tradicional.
Ese argumento es un arma de doble filo. Si el mercado relevante ya no es «búsqueda» sino «obtención de información online», Google sigue dominando: controla el buscador con mayor cuota, el sistema de IA más integrado (Gemini/AI Overviews), la plataforma móvil más usada (Android) y el navegador con mayor penetración (Chrome). La fragmentación del ecosistema de IA no ha reducido el poder estructural de Google; lo ha cambiado de forma.
Hay además un segundo caso antimonopolio abierto: la jueza Leonie Brinkema del Tribunal del Distrito Este de Virginia dictaminó en abril de 2025 que Google monopolizó el mercado de publicidad digital en open-web, un mercado distinto pero financieramente interconectado con la búsqueda. Los remedios de ese caso también están en proceso, y su combinación con los del caso de búsqueda crea una presión regulatoria sin precedentes sobre la compañía.
Mi valoración
Llevo cubriendo los casos antimonopolio contra Big Tech desde los tiempos del caso Microsoft de finales de los 90, y lo que me resulta más llamativo del caso Google no es la condena en sí —que era predecible una vez que el DOJ construyó el caso de los contratos exclusivos con Apple— sino la velocidad a la que el contexto tecnológico está cambiando el terreno legal bajo los pies de todos.
Lo que más me convence del planteamiento del DOJ es la solidez del argumento de distribución: pagar 18.000 millones de dólares al año a Apple para ser el buscador predeterminado no es innovación; es compra de posición. Ese argumento no lo deshace el hecho de que ChatGPT haya llegado al mercado después.
Lo que más me preocupa del fallo de Mehta —y que el DOJ tiene razón en apelar— es que los remedios son demasiado modestos para el problema que describe. Ordenar compartir datos de búsqueda con competidores que llevan 20 años de desventaja en infraestructura, datos y marca no restaura la competencia de forma efectiva. Es como obligar a un campeón del mundo a enseñar sus técnicas a los retadores pero seguir permitiéndole competir con el mismo presupuesto.
La predicción a 2 años: el Circuito de D.C. confirmará la condena pero probablemente no ampliará los remedios al nivel que pide el DOJ. Chrome no se vende. Google sigue siendo Google. Los datos de búsqueda se comparten de alguna forma. Y la batalla real se traslada al caso de IA y distribución de Gemini, que es donde está el verdadero poder de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice exactamente la sentencia que Google está apelando?
El juez Amit P. Mehta del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia dictaminó en agosto de 2024 que Google violó la Sección 2 de la Ley Sherman al firmar contratos exclusivos con empresas como Apple y Mozilla para ser el buscador predeterminado en sus plataformas. Los remedios fijados en septiembre de 2025 incluyen principalmente la obligación de Google de compartir datos de búsqueda con competidores, pero no la venta de Chrome.
¿Puede el Tribunal de Apelaciones ordenar la venta de Chrome o Android?
El DOJ ha pedido explícitamente en su recurso cruzado remedios más severos que incluyen Chrome. El Tribunal de Apelaciones puede confirmar los remedios de Mehta, ampliarlos —incluyendo la posibilidad de ordenar la venta de Chrome— o reducirlos si considera que Mehta se extralimitó. La mayoría de analistas legales considera la venta de Chrome poco probable, pero no imposible si los jueces del Circuito D.C. consideran que los remedios actuales son insuficientes.
¿Afecta este caso a Europa?
El caso es una acción del gobierno estadounidense bajo legislación estadounidense. Sin embargo, la Comisión Europea tiene procedimientos independientes contra Google bajo el DMA (Reglamento de Mercados Digitales) europeo, que impone restricciones similares sobre la distribución preferente de servicios propios en dispositivos Android y Chrome. Ambos procesos son paralelos e independientes.