Microsoft, el gigante tecnológico, enfrenta una demanda colectiva en el Reino Unido que podría costarle hasta 1.250 millones de dólares en daños. La acusación apunta a prácticas anticompetitivas relacionadas con el cobro de tarifas más altas por licencias de Windows Server a empresas que optaron por plataformas de computación en la nube rivales como AWS (Amazon Web Services), Google Cloud Platform y Alibaba Cloud, en lugar de su propia solución, Azure.
El caso, presentado en el Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido, es una señal más del creciente escrutinio que enfrentan los grandes actores del mercado de la computación en la nube. Este sector, dominado por Amazon y Microsoft, ha sido objeto de investigaciones regulatorias y denuncias en diversas regiones del mundo, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.
¿Qué dice la demanda?
La demanda fue presentada por la experta en derecho de la competencia, la Dra. Maria Luisa Stasi, y representa a miles de empresas británicas que, según se alega, han sido «penalizadas ilegalmente» al pagar tarifas infladas. Según Stasi, Microsoft castiga a los clientes que eligen servicios en la nube rivales, lo que constituye un intento de consolidar su posición en el mercado y restringir la competencia.
El caso señala que Microsoft habría diseñado estas tarifas desproporcionadas para empujar a los usuarios hacia su servicio Azure, donde los costos de licencias de Windows Server son más bajos.
Contexto global: un mercado bajo la lupa
El caso británico no es un incidente aislado. La FTC en Estados Unidos (Comisión Federal de Comercio) también está investigando a Microsoft por posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con sus licencias de software y su negocio en la nube. En Europa, la CISPE (una asociación comercial de servicios en la nube) ya había presentado una queja antimonopolio contra Microsoft en 2022, lo que resultó en un acuerdo de 20 millones de euros en julio de 2023.
Estas acciones reflejan una tendencia global hacia la regulación más estricta de los gigantes tecnológicos en mercados clave como la computación en la nube, un sector esencial para la transformación digital de empresas en todo el mundo.
La estrategia detrás de la demanda
La demanda colectiva en el Reino Unido está siendo financiada por LCM Funding UK Limited, un proveedor internacional de financiamiento para litigios. Este modelo permite que las empresas afectadas participen en el caso sin asumir costos iniciales, lo que elimina riesgos financieros para ellas. En este sentido, el financiamiento externo se está convirtiendo en un motor importante para acciones legales de gran escala contra gigantes tecnológicos.
¿Qué significa esto para Microsoft y la industria?
Desde wwwhatsnew.com creemos que este tipo de demandas y escrutinios regulatorios podrían tener efectos de largo alcance. Para Microsoft, el impacto no se limitaría a sanciones económicas, sino que también podría llevar a cambios significativos en sus políticas de licencias y en la manera en que compite en el mercado de la nube.
Para la industria, este caso pone en el foco la necesidad de garantizar un mercado equitativo, donde las pequeñas y medianas empresas puedan competir en igualdad de condiciones. También podría ser un precedente para acciones legales similares en otras regiones.
Los clientes del Reino Unido serán incluidos automáticamente en la demanda colectiva, salvo que opten por no participar. Esto significa que cualquier compensación potencial podría beneficiar a miles de empresas locales que han estado utilizando servicios en la nube de competidores de Microsoft.
En mi opinión, este caso subraya la importancia de una regulación clara y efectiva en sectores tecnológicos cruciales como la computación en la nube. Aunque la innovación y la competencia son motores esenciales para el desarrollo, deben estar equilibrados con prácticas comerciales justas. Como hemos mencionado en varias ocasiones en WWWhatsnew, los usuarios y las empresas deben estar atentos a cómo los gigantes tecnológicos manejan sus productos y servicios, y aprovechar las oportunidades que ofrece la creciente regulación para exigir transparencia y equidad.