Desde Signal Private Messenger, al igual que otras compañías y servicios de tecnología, ven con gran preocupación la nueva Ley de Acceso y Asistencia aprobada la pasada semana en Australia, la cual da la potestad a las agencias gubernamentales para que puedan exigir directamente el acceso a las comunicaciones cifradas de los usuarios bajo multas en caso de incumplir los requerimientos.
Desde Signal la situación no le es nada nueva, ya que a lo largo de su trayectoria en su casi ochos años de vida ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones en la se ha tratado de comprometer la seguridad y el cifrado de las comunicaciones, y en este caso no podrán cumplir con los requerimientos de acceso en caso de que se produzcan.
En su caso, señalan lo siguiente:
Por diseño, Signal no tiene un registro de sus contactos, gráfico social, lista de conversaciones, ubicación, avatar de usuario, nombre de perfil de usuario, membresías de grupo, títulos de grupo o avatares de grupo. El contenido encriptado de extremo a extremo de cada mensaje y llamada de voz/video está protegido por claves que son totalmente inaccesibles para nosotros. En la mayoría de los casos, ahora ni siquiera tenemos acceso a quién está enviando mensajes a quién.
Además, añaden que no pueden incluir puertas traseras a su servicio, e incluso temen que su servicio pueda ser bloqueado o restringido en Australia, aunque la experiencia les dice que este tipo de estrategias no han llegado a funcionar bien, ya que los usuarios suelen buscarse fórmulas para saltar los bloqueos o restricciones para poder acceder a los servicios de uso cotidiano, aunque en cualquier caso, la nueva Ley podría dar lugar al aislamiento de los australianos de los servicios de uso diario.
Apuntan a que incluso miembros del mismo gobierno de Australia, como miembros de gobiernos de todo el mundo, suelen ser también usuarios de Signal. Finalmente señala que no se trata de una política inteligente y alienta a los usuarios de Australia a ponerse en contacto con los políticos para expresar su oposición a la nueva ley.